El convenio que permitirá trasladar desde Yemen al español de origen sirio Nabil Manakli, a quien el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pidió interrogar en la tramitación del sumario del caso 11-S en España, entró ayer en vigor, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 7 de febrero.
Manakli fue condenado a la pena de muerte en 1997 por organizar a un grupo terrorista que presuntamente pretendía atentar contra el Gobierno yemení. Desde entonces, las autoridades españolas intentaron evitar su ejecución con gestiones al máximo nivel. Incluso el Rey intervino para pedir que no se le fusilara.
Visita de Estado. Estas gestiones dieron su fruto recientemente con la visita de Estado del presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, a España a finales de enero. Saleh anunció al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que las autoridades yemeníes conmutarían la pena de muerte impuesta a Manakli.
La conmutación era el paso previo para poder pedir su traslado, ya que el convenio lo que permite es que "las penas o medidas privativas de libertad impuestas por las autoridades judiciales" de uno de los países firmantes puedan cumplirse o completarse en centros penitenciarios del otro Estado, "siempre que el condenado sea uno de sus nacionales".
Para que el convenio pueda llevarse a cabo es necesario el "consentimiento" del condenado y que el delito que motive la solicitud esté castigado por la legislación de ambos Estados. Además, el Estado que reciba al condenado se compromete a "cumplir la pena o medida privativa de libertad que figure en la sentencia, sin modificar su duración ni su naturaleza.
