-Salud tiene ya el borrador del decreto que permitirá a los enfermeros prescribir, un asunto sobre el que el consejo se ha mostrado reacio. El miércoles mantuvo una reunión con la consejería. ¿Cuál es la postura de los médicos tras ese encuentro?
-Queríamos conocer de primera mano el proyecto antes de emitir ninguna opinión. El encuentro [con José Luis Rocha, secretario general de Calidad y Modernización] transcurrió en muy buen tono y acordamos que en breve se creará una mesa técnica, donde estará el Consejo y los enfermeros, para trabajar en ese borrador y consensuarlo.
-¿Qué aspectos del decreto preocupan a los médicos?
-Nos preocupa la garantía de la continuidad asistencial y la seguridad farmacológica. El decreto establece que los enfermeros podrán recetar medicamentos que sólo se expiden con receta en casos de asistencia médica protocolizada, pero la norma emplea una redacción muy vaga, sólo dice: se acreditarán enfermeros concretos para esas actividades. El consejo, y así lo hemos acordado con Salud, quiere que esta función esté muy definida y muy clara tanto en el decreto como en los protocolos porque se trata, antes que nada, de la seguridad del paciente.
-Salud argumenta que la Ley del Medicamento, al atribuir en exclusiva la prescripción a los médicos y odontólogos, deja en tierra de nadie a los enfermeros que, en la práctica, ya administran esos medicamentos, por ejemplo cuando dosifican un gotero a un paciente hospitalizado.
-Nuestras reivindicaciones parten siempre de la premisa de que médicos y enfermeros trabajamos codo con codo y el escenario actual entre ambos es muy bueno. Nuestras reivindicaciones van dirigidas a que la continuidad asistencial tenga todas las garantías y entiendo que la enfermería pueda tener incertidumbre en su seguridad jurídica. Pero si este decreto va a hacerlos legalmente responsables de la prescripción habrá que asegurar que cuenten con todas las garantías, como por ejemplo con pólizas de seguro que incluyan también a los enfermeros.
-El consejo anunció en diciembre que estaba trabajando en la creación de un observatorio autonómico sobre agresiones a médicos. ¿Se va a formalizar el proyecto?
-Sí, el observatorio se va a crear. Los ocho colegios provinciales llevamos un año trabajando en esta cuestión. Insisto en que me consta que Salud está muy preocupada por este tema y tiene mecanismos para combatirlo, pero este proyecto pretende ir más allá: además de recopilar el dato frío de las agresiones que se producen, va a estudiar en qué circunstancias se dan, en qué servicios, sobre qué perfil de profesionales, para, con toda esa información, ir acotando el problema y actuar mejor contra sus causas. Queremos definir, por ejemplo, si hay puntos calientes de agresiones.
-Ha denunciado que los casos conocidos son sólo "la punta del iceberg", por emplear su misma expresión. ¿Hay datos estimados de cuántas agresiones se producen, más allá de las más de 700 de 2008, entre físicas y verbales, que constan en el registro del SAS?
-Cuando dije esa expresión no refería al aspecto cuantitativo sino cualitativo: el dato es la punta del iceberg porque la realidad que hay detrás de cada caso es mucho más compleja. De todos modos, hay más agresiones de las que se denuncian porque denunciar supone iniciar un proceso largo y de trámites y muchos profesionales deciden no hacer nada y olvidar lo ocurrido. Hay que denunciar porque si no poco podremos hacer para atajar el problema pero hay médicos que empiezan a ver una agresión como algo que forma parte de su trabajo.
-La relación con Salud en las dos últimas legislaturas (una con Francisco Vallejo de consejero y el pasado mandato con María Jesús Montero) ha sido mala o inexistente. ¿Cómo afrontan esta?
-La relación entre ambos tiene que ser una relación a priori. Nuestra reivindicación es que es positivo que Salud elabore un borrador de un decreto y nos lo envíe para consultarnos pero como consejo queremos que la Administración se siente con nosotros durante ese proceso de trabajo y en la toma de decisiones, no en vano el consejo es la única organización que agrupa a 30.000 médicos andaluces.
-¿Hay carencia de facultativos en Andalucía?
-Desde finales de los 80, cuando el médico era un nómada en busca de contratos, hasta ahora se han tomado decisiones como los números clausus en las facultades o la jubilación forzosa a los 65 años. Si a eso le añade que muchos han hecho las maletas porque en otros lugares las condiciones laborales son mejores, es normal que existan problemas para contratar a médicos sobre todo en zonas de mayor penosidad. Y aquí nos preocupa mucho la homologación de médicos extranjeros.
-¿Por qué?
-Cuando un médico de otro país solicita homologar su título [competencia del Ministerio de Educación] puede empezar a ejercer sólo esgrimiendo esa solicitud. Y ya se han dado casos, también en Andalucía, de médicos que han empezado a trabajar y luego les ha sido denegada la homologación.
