-Baja la criminalidad pero surgen nuevos tipos, ¿cómo se afronta el crimen organizado o las nuevas rutas de la droga?
-En los primeros cinco meses de 2010 hay un descenso del 6% en los delitos respecto al mismo periodo de 2009. El crimen organizado es uno de los grandes temas policiales porque produce un daño social grave, se imbrica en toda la sociedad. Desde 2004 se le presta especial atención con grupos Greco en la Costa del Sol y Cádiz y está dando resultado. A veces está relacionado con el tráfico de drogas donde, como consecuencia de la labor intensa de Policía y Guardia Civil, reforzada por la instalación del SIVE en toda la costa que ha sido determinante, la respuesta es tratar de cambiar las rutas. Pero se trabaja para detectarlas, por ejemplo en el Guadalquivir. Hay un efecto paradójico: cuanta más droga se alija tenemos la sensación de que más entra, y cuando no, parece que estamos más tranquilos porque no nos enteramos. La realidad es que se coge más.
-Las bandas organizadas están cambiando el narcotráfico por el blanqueo, incluso con la implicación de administraciones públicas. Son delitos complejos. ¿Falta especialización y formación para atajarlos?
-Ése es el daño social, va minando las raíces de la sociedad produciendo corrupción. Cuentan en muchos casos con medios extraordinarios y combatirlas no es fácil pero hay grupos muy especializados y en continua formación para dar respuesta a las grandes bandas y, a las pruebas me remito, terminan cayendo.
-El alcalde de El Ejido, imputado en una trama de este tipo, sale de prisión a la espera de juicio y vuelve al cargo. La ley impide retirarlo sin condena. ¿No podría el Gobierno tomar medidas cautelares y evitar un mensaje de impunidad?
-Cuando un asunto está judicializado, las medidas cautelares las toman los órganos judiciales dentro de la ley. El Gobierno en estos casos lo que quiere es que se aplique la ley con todas las consecuencias y lo antes posible. Desde luego impunidad no hay. En un momento u otro la ley se aplica y el tiempo en prisión es una evidencia de ello.
-En verano, la amenaza terrorista acecha los núcleos turísticos. ¿Está Andalucía en el punto de mira de ETA? ¿Tiene infraestructura en Portugal?
-Del 1 de julio al 31 de agosto se refuerzan los efectivos en las zonas más visitadas para perseguir la delincuencia común y con grupos especializados contra actividades terroristas de cualquier tipo. Andalucía no tiene más riesgo que cualquier otro punto, pero tampoco menos. Hay una alerta en vigor que hace que todo el año haya grupos antiterroristas trabajando y el control de zonas fronterizas es uno de los puntos de trabajo diario, tanto del área magrebí como con Portugal. No podemos afirmar ni negar que haya comandos permanentes allí. La colaboración con la Policía portuguesa siempre ha sido muy buena y ahora se ha mejorado e intensificado.
-No parece ser igual con Gibraltar. Las patrullas de la Guardia Civil que fondean la zona dicen verse acosadas.
-No creo que acosado sea el término pero son cuerpos que trabajan muy próximos y a veces surgen disfunciones, aunque hay que tratar de hacerlas lo menos llamativas posibles.
-¿Debería intensificarse la colaboración entre ambos Gobiernos?
-Sí, esa es la línea y lo que se está tratando de evitar es que haya malos entendidos.
-¿Le preocupan las protestas anunciadas por los Cuerpos de Seguridad ante el recorte de sueldo y oferta de plazas?
-Durante los años de bonanza se ha hecho un esfuerzo desmedido hasta llegar a más de 24.000 efectivos en Andalucía. En los próximos años las ofertas se van a ver reducidas. El objetivo es al menos asegurar la tasa de reposición, por tanto el impacto no será inmediato. El Gobierno es consciente de que ha tomado medidas que producen cierto perjuicio en los funcionarios pero son necesarias, excepcionales e inevitables. La Policía y la Guardia Civil tienen acreditada su responsabilidad y no van a dejar a los ciudadanos desatendidos, aunque hagan acciones para evidenciar su disconformidad.
-¿Cree que estas medidas pueden costar al Gobierno un vuelco electoral en Andalucía?
-Cuando se gobierna hay que tomar las decisiones que corresponde en cada momento buscando el bien del país y no los réditos electorales. Nunca podría ser pretexto la repercusión electoral para no tomar esas medidas. Es evidente que tiene coste político pero cuando vayan teniendo efecto se evidenciará su necesidad y resultados y la ciudadanía, en función de eso, decidirá. La preocupación del Gobierno es que logren crear una nueva situación económica y empleo. Sin perjuicio de que si eso se consigue parece razonable pensar que algún impacto positivo pueda tener en la intención de voto.
-La oposición no está apoyando excesivamente.
-Ni escasamente. El PP ha adoptado la línea del no, incluso antes de conocer las reformas, y eso la ciudadanía lo percibe perfectamente y también que tras esta estrategia se persigue el rédito electoral inmediato a costa de perjudicar los intereses de todos los españoles. Sería deseable el acuerdo en temas en los que nos jugamos el futuro, como la reforma laboral o las pensiones.
