El juez ha imputado al vicepresidente de la Diputación de Almería, José Añez (PAL), y al portavoz de su grupo, Ángel Díaz, un presunto delito de prevaricación y otro contra los derechos de los trabajadores por el despido y posterior trato a nueve empleados adscritos al Plan de Formación del Empleo.
El auto dictado por el magistrado Luis Durbán concluye que ambos políticos decidieron la baja laboral de los ahora demandantes "por razones políticas" y como represalia ante lo que, a su juicio, "no era un comportamiento leal al nuevo equipo de gobierno", cambio que derivó de una escisión del Partido Popular, la formación que presidía la Corporación provincial, que se constituyó como Partido de Almería (PAL).
Añez y Díaz atribuyeron ayer su imputación a una "estratagema urdida por el PP" para tender "una cortina de humo" sobre la declaración que debía prestar ante la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid el parlamentario popular José Luis Aguilar. Creen que el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería actúa como "un juego político" del PP y redujeron el contenido del auto a una citación para declarar.
El juez considera que, una vez el Juzgado de lo Social de Almería ordenó la readmisión de los trabajadores, ésta se ejecutó en "precarias condiciones y sin ocupación efectiva" hasta el punto, según subraya, de que se les "exoneró durante 2007 de la obligación de prestar servicios aunque se les mantuvo, a instancias del mismo juzgado, sus retribuciones y sus cotizaciones a la Seguridad Social" hasta el 30 de junio.
Añez y Díaz, quien durante los hechos ostentaban los cargos de presidente de la Diputación Provincial y diputado encargado del Plan de Formación del Empleo, respectivamente, causaron, tal y como recoge el auto, un coste adicional que hubo de soportar la administración al decidir ambos ocupar las plazas dejadas por los despedidos con "nuevos ingresos" que, para el magistrado, "no se ajustaron además en su proceso de selección a la normativa aplicable".
El auto dictado el pasado día 10 da traslado de las actuaciones incoadas en noviembre de 2007 al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares para que formulen escritos de solicitud de apertura de juicio oral o sobreseimento de las actuaciones por un presunto delito de prevaricación y otro contra los derechos de los trabajadores.
Antecedentes . Los hechos se remontan a mayo de 2005, cuando fueron cesados por finalizar su contrato 34 trabajadores del antiguo Plan de Empleo Rural (PER), de los que, en julio del mismo año, fueron readmitidos 18 y contratado nuevo personal. De los 16 empleados despedidos, ocho de ellos tenían derecho a ser considerados fijos teniendo en cuenta los contratos firmados y el tiempo que habían prestado sus servicios.
Los afectados pusieron una denuncia ante los Juzgados de lo Social de Almería, que fallaron a su favor y pidieron su readmisión en la institución provincial, al entender que el despido se hizo por motivos políticos. La Diputación los readmitió en enero de 2006, aunque "de forma irregular, por lo que presentaron nuevas denuncias.
