La concejal de Servicios Sociales, María Dolores Pascual, ha declarado como imputada por delitos contra el patrimonio y de prevaricación ante el juzgado número 2 de Utrera. Su imputación, que se ha cursado a petición de la Fiscalía, responde a la concesión de una licencia de obras de demolición y construcción en 2004 de una casa palacio situada en la calle Sevilla número 31, catalogada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La Fiscalía elevó la petición de imputación tras comprobar que "el Ayuntamiento de Utrera concedió una licencia en contra de las advertencias incluidas en sendos informes del arquitecto técnico municipal y el secretario general sobre las diferencias del proyecto de rehabilitación respecto al contenido aprobado por la Comisión provincial de Patrimonio". Por tanto, el fiscal considera la licencia "ilegal".
Este procedimiento previo ha tenido su continuidad en el juzgado utrerano, que el pasado 29 de enero citó para declarar como imputada a Pascual, que en el momento de la firma de la licencia ocupaba el cargo de alcaldesa accidental. La concejal del PA precisó en su declaración que es habitual que el alcalde o su sustituto "firme decretos a diario" y que desconocía cuántos firmó el 16 de diciembre de 2004.
El PSOE de Utrera, que fue el que trasladó el caso a la Fiscalía, señaló que las penas que se barajan por este tipo de delitos son de seis meses a tres años de cárcel y la inhabilitación especial para empleo de cargo público de siete a diez años. Además, insiste en elevar la investigación por estos hechos a la figura del alcalde, Francisco Jiménez (PA), y al concejal de Urbanismo.
Sobre este asunto de la calle Sevilla número 31, el portavoz andalucista, José Hurtado, calificó de "cacería política" la citada denuncia, "porque de lo que realmente se está hablando es de un proyecto de rehabilitación que, al final, ha sido regularizado y cuya finalidad era crear puestos de trabajo y riqueza en Utrera, permitiendo que la localidad contara con un nuevo establecimiento hotelero".
En este caso concreto, Hurtado explicó que, "con fecha 23 de marzo de 2004, la Comisión provincial de Patrimonio informó favorablemente el proyecto básico de rehabilitación". Finalmente, recordó que, "durante los años de Fernando Alcalde (PSOE) como edil de Cultura, se llevaron atentados contra el patrimonio como el derribo de la centenaria plaza de toros, que se trataba de un edificio catalogado".
