Una vuelta de tuerca más para exasperación de las empresas del sector. El Ministerio de Industria ha propuesto reducir un 45% la retribución que cobran por producción, las denominadas primas, para las nuevas plantas fotovoltaicas de suelo, un 25% la de las instalaciones de techo de mayores dimensiones y un 5% para las pequeñas.
Industria informó ayer por la tarde de que había remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para su análisis el proyecto de real decreto que modifica la retribución a esa energía renovable, así como otras iniciativas "de futuro" para el sector abordadas en las negociaciones de los últimos meses con las empresas.
La rebaja en la retribución, argumenta el departamento que dirige Miguel Sebastián, recoge las mejoras tecnológicas y la reducción de costes producidas en la industria fotovoltaica y que aconsejan "trasladar esta ganancia a los consumidores" permitiendo, además, "una rentabilidad atractiva para los promotores".
Junto a ese recorte de primas, el Gobierno ha introducido un límite de 25 años de cobro de retribuciones para las instalaciones acogidas a la anterior normativa RD661/2007.
Para las instalaciones ya en marcha, acogidas al RD661, el Ministerio está en negociaciones con el sector para ajustar de forma más razonable su retribución, según explicaron a Efe fuentes de Industria.
La nueva normativa propone, además, no recuperar para convocatorias futuras los cupos de potencia de las instalaciones fotovoltaicas que no se hayan ejecutado, al tiempo que excluir del tipo I (cubierta) las instalaciones que se ubiquen sobre estructuras de invernaderos y las cubiertas de balsas de riego.
Junto a esto, se incluye una regulación técnica sobre la capacidad de gestión de las plantas fotovoltaicas con tamaño medio y grande para así optimizar su integración en el sistema.
La norma también establece, para todo el régimen especial, un control administrativo sobre los cambios de titularidad durante la fase de promoción y construcción, y hasta 24 meses después de la puesta en marcha para intentar "reducir las especulación en el sector" y garantizar un mayor dinamismo industrial "y la no concurrencia a los registros de promotores sin la suficiente capacidad técnica y económica", según Industria.
El real decreto incorpora mejoras en la cogeneración para impulsar inversiones en renovación de equipos y exige la tramitación telemática en la concurrencia a los registros previos.
Además del proyecto de real decreto para las fotovoltaicas, Industria ha remitido a la CNE otro proyecto normativo para regular la conexión a red de las instalaciones de pequeña potencia y otro para regular la actividad de gestor de cargas del sistema.
En el primero busca fomentar la generación distribuida mediante la simplificación administrativa y de conexión para las instalaciones en régimen especial de potencia menor de 100kW.
"Se trata con esta normativa de dar los primeros pasos hacia el autoconsumo, facilitando la entrada en el sistema de nuevas instalaciones de pequeña potencia asociadas a puntos de consumo, que permitan a sus promotores cubrir su autoconsumo y, complementariamente, verter en la red la energía sobrante no utilizada", explicaron en el Ministerio de Sebastián.
Mientras, el segundo quiere impulsar la implantación del vehículo eléctrico y la eficiencia del sistema energético.
Para ello, se propone un peaje y una tarifa "supervalle", como se denomina a las horas con menor consumo, para consumidores de baja tensión con potencia contratada hasta 15 kW, que incorpora un nuevo periodo de precio reducido entre las 00:00 horas y las 06:00 horas.
Por último, este paquete normativo enviado a la CNE incluye una propuesta de orden ministerial, que fija los requisitos técnicos y de calidad de las instalaciones fotovoltaicas.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado un real decreto por el que las instalaciones solares fotovoltaicas fraudulentas, es decir que no cumplen con los requisitos administrativos para cobrar las primas, serán expulsadas del sistema de subvenciones y tendrán que devolver las cantidades recibidas hasta ahora de forma indebida.
Al cierre de 2009 había en España unos 3.500 MW de potencia fotovoltaica instalada. Según datos de la CNE, sólo en los cinco primeros meses de 2010 la solar fotovoltaica recibió 983,4 millones de euros en primas.
