El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se reunirá el próximo 17 de febrero con la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), las dos asociaciones que no han convocado la huelga del 18-F, para analizar los acuerdos alcanzados hasta ahora.
Así lo anunció Fernández Bermejo durante su comparecencia ayer miércoles por la tarde ante la comisión de Justicia del Congreso para informar de la postura del Ejecutivo ante la anunciada huelga de jueces, que -según dijo- ha sido convocada por una minoría de la carrera judicial porque la mayoría de los jueces no ha hablado y ha seguido haciendo bien su trabajo "lejos del ruido que hacen otros".
El ministro inició su explicación a los parlamentarios preguntándose por qué se produce ahora el anuncio de una huelga de jueces, apelando a un déficit que arrastra la Administración de Justicia en los últimos 30 años de democracia, y precisamente cuándo el Gobierno ha puesto en marcha medidas para acometer la modernización y ha aumentado de forma considerable el número de jueces y fiscales.
Bermejo, reconociendo las carencias de medios materiales y personales de la Justicia que, según aseguró, el Gobierno está intentando solucionar, ha considerado que existen "resistencias de origen corporativo" con las que algunos jueces pretenden eludir la "cuota de responsabilidad" que les corresponde.
El ministro cree que esa actitud corporativa, que surgió a raíz de la sanción impuesta al juez de Sevilla Rafael Tirado por su actuación en relación con el presunto asesino de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, ha sido una de las razones que han llevado a anunciar una medida "drástica" e "inédita" en la carrera judicial.
Durante su comparecencia, el titular de Justicia repasó todas las reivindicaciones planteadas por las asociaciones judiciales, muchas de las cuales ya se están estudiando en las reformas procesales que se tramitan en el Congreso. No obstante, señaló que el Gobierno no responderá de forma positiva a las reivindicaciones salariales planteadas por los "huelguistas" y ha recordado que en las negociaciones con el Ejecutivo las asociaciones renunciaron a esa revisión de salarios dada la situación de crisis económica.
Fernández Bermejo también reiteró que considera que los jueces no tienen derecho a la huelga y resaltó la importancia del acuerdo adoptado el lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha dicho que la protesta carece de soporte normativo y ha decidido no tener por anunciado el paro y no fijar los servicios mínimos.
