Tras la sorpresa que ha supuesto conocer que Caja Madrid es una de las interesadas en hacerse con Cajasur, toca analizar ahora si la entidad que preside Rodrigo Rato tiene opciones reales ante el resto de competidores, las andaluzas Unicaja y Cajasol, la vasca BBK, el SIP de Banca Cívica y los bancos BBVA y Sabadell. Y de un primer análisis se extrae que Caja Madrid tendría dificultad para justificar la adjudicación de la cordobesa si finalmente se impusiese a sus rivales, puesto que es la única de las siete candidatas que se nutrirá de las ayudas públicas del FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca, en concreto, recibirá 4.465 millones.
¿Cuál es el problema? Pues que la letra pequeña que rige el FROB -que está inspirada en las indicaciones de la Comisión Europea (CE) en materia de reestructuración y recapitalización de instituciones financieras- establece que ese dinero, que recuérdese que son ayudas públicas, no podrá utilizarse para diseñar estrategias comerciales agresivas, la expansión de sus actividades o conseguir una mayor presencia en el mercado.Son las exigencias y limitaciones que impone Bruselas y con las que trata de impedir que una entidad que necesita fondos públicos los utilice en detrimento del resto de entidades que, al no utilizarlos, quedarían en una clara situación de desventaja competitiva.
Así lo refleja un informe jurídico que circula entre las cajas de ahorros y que pone de manifiesto que Caja Madrid incumpliría de plano con las directrices comunitarias que son las que sirven de base a la Comisión Rectora del FROB para establecer los criterios y condiciones a las que han de ajustarse las ayudas concedidas.
El citado documento recuerda que el Real Decreto ley por el que se constituye el FROB reconoce dos supuestos en los que tiene cabida acogerse a estos fondos públicos. El primero, si la entidad financiera afronta una situación de debilidad, y el segundo, con la finalidad de reforzar sus recursos propios. En este último caso, la norma comunitaria señalan de forma explícita que, para evitar distorsiones en la competencia, las inyecciones de capital, además de limitarse al mínimo necesario, no deben servir al beneficiario para acometer estrategias comerciales agresivas o una expansión de sus actividades.
Una circunstancia que se interpreta en el actual proceso de subasta de Cajasur como un elemento "claramente discriminatorio" por parte de la única entidad que recibe ayudas públicas, Caja Madrid, respecto al resto de aspirantes que no han accedido a esos fondos. El documento va más allá al considerar que quienes se beneficien del FROB, según la norma, se comprometen a "no llevar a cabo planes de expansión mediante la adquisición de otras entidades".
Ya en el caso de las entidades en las que la inyección pública supere el 2% de los activos ponderados por riesgo, se les exigiría desinversiones de un mínimo del 10% de su capacidad, no aumentar el número de sucursales mientras mantenga la ayuda, que no financien nuevos proyectos en la obra social y mantengan la ratio de productividad del personal durante cinco años.
