Como era más que previsible, el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se distanció de los sindicatos y les dejó solos en sus propuestas de movilizaciones al asegurar que "el país no está para ningún tipo de huelga", sino para "sumar esfuerzos como una piña y buscar soluciones".
Tras la reunión mantenida a última hora de la tarde con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a la que asistió también el presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, para abordar las medidas de ajuste adicional del déficit -que Díaz Ferrán tildó de "positivas" en su conjunto-, el patrón de los empresarios abundó en que los nuevos recortes "deben ser un impulso para acelerar la reforma laboral".
Más aún, afirmó que "tanto si hay acuerdo como si no", la reforma laboral "no debe pasar del mes de mayo". "Llevamos suficiente tiempo negociando", indicó Díaz Ferrán para añadir a renglón seguido que, "si al final (antes de fin de mes) no se llega a acuerdo, el Gobierno tendrá que gobernar", y acometerla bien por Decreto o en el Parlamento.
Sobre este punto se pronunció el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien desvinculó las nuevas medidas de la negociación de la reforma laboral, y expresó su confianza en que se pueda seguir trabajando para modernizar el mercado de trabajo y se consiga el acuerdo.
De vuelta a Moncloa, Díaz Ferrán anunció que los empresarios propusieron a Zapatero disminuir el gasto en ayuda oficial al desarrollo y limitarlo, ya que con las remesas que envían los inmigrantes a sus países "podría ser suficiente". Fue el planteamiento más llamativo de la patronal, que consideró que esta ayuda "ha subido mucho en los últimos años".
Según Díaz Ferrán, "los inmigrantes ya están trasladando permanentemente parte de sus salarios" a esos países en vías de desarrollo, por lo que, con su propuesta de destinar 2.500 millones durante 2010 y 2011, "España ya es suficientemente solidaria en estos momentos" y así "se podrían ahorrar otros 2.500 millones".
La CEOE consideró, asimismo, preocupante el recorte del gasto en inversión de más de 6.000 millones y aseguró que el ahorro puede llegar por otras vías. Así, propuso disminuir las subvenciones en servicios públicos para que los paguen quienes realmente los utilizan, externalizar la gestión de ciertos servicios públicos y aumentar el ahorro de comunidades y ayuntamientos que "es muy poco en relación a lo que deberían hacer", reduciendo gastos y empresas públicas, que cifró en torno a mil.
Por último, afirmó que las televisiones autonómicas "deben llevar el camino de la privatización" y pidió al Gobierno que no contemple subida de impuestos.
Pero el presidente de la CEOE también tuvo que afrontar su cuestionamiento al frente de la patronal. Aseguró que nadie en la Junta Directiva ha pedido su dimisión, pese a los problemas de algunas de sus empresas. En todo caso fue claro: "No voy a dimitir".
