El eterno debate sobre la dispersión de las sedes judiciales y de la futura Ciudad de la Justicia se ha vuelto a abrir esta semana con la sugerencia lanzada por el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez, de utilizar la sede de la antigua Fábrica de Artillería, en Eduardo Dato, como sede judicial y que ha provocado la reacción en contra de la consejera de Justicia, Begoña Álvarez, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, quienes han reiterado su confianza en el proyecto de Los Gordales.
Los jueces llevan más de diez años (y cuatro consejeras) reclamando unas instalaciones dignas y, hasta ahora, lo único que han conseguido es un proyecto bloqueado en los tribunales (el Estado mantiene un litigio por la cesión del suelo) y un edificio puente lleno de carencias para albergar una sede judicial. Para colmo, la Junta no descarta buscar una nueva sede para algunos de los juzgados ubicados en Viapol si no alcanza un acuerdo con la inmobiliaria, que quiere subir el precio del alquiler con la renovación del contrato. Con este panorama, lo cierto es que los jueces ya no creen en un proyecto de futuro para el que sólo hay consignado poco más de un millón de euros en los presupuestos de este año y que, además, es el mismo que no se utilizó el pasado ejercicio. Más aún, cuando hubo un intento de paralizar este proyecto y trasladarlo a los suelos del Puerto, siendo consejera María José López. Los jueces se opusieron a esa ubicación y con la llegada de Evangelina Naranjo a Justicia se volvió a retomar, con la promesa de que se podrían comenzar las obras por una parcela municipal. Sin embargo, el último plazo para el inicio de las obras es ya 2013.
Hasta entonces, el plan es una reubicación en el denominado eje Prado-Viapol-Buhaira, con la inauguración del edificio Noga, situado en la Buhaira. Allí se ubican ya los 14 juzgados de lo Penal, los 11 de lo Social y los dos de lo Mercantil; en la misma avenida se encuentran los de Familia, Menores y Violencia sobre la Mujer; mientras que en Viapol sigue siendo sede de los órganos de Primera Instancia (los de Familia se trasladarán allí) y los de lo Contencioso-Administrativo.
El proyecto contempla en el Prado una serie de obras de mejora tanto en la Audiencia Provincial como en el edificio de los juzgados. En este inmueble, se han quedado los juzgados de Instrucción y en un futuro deberían trasladarse los de Violencia sobre la Mujer y ampliarse la clínica Forense. En el edificio de la Audiencia, la idea es sumar una planta más, que la ganaría el TSJA, mientras que en el resto del inmueble se reubicarán de las Secciones y de la Fiscalía.
Los jueces, ante la inversión que se va a hacer en el Prado, prefieren mantener los juzgados en la zona, con nuevos edificios próximos. Los Gordales nunca han contado con su beneplácito. Criticaron la decisión de la entonces consejera del ramo Carmen Hermosín (en 2003), como también lo hizo el entonces ministro de Justicia del Gobierno Aznar, José María Michavila (PP).
