La segunda fase de la Operación Heracles, que sigue el rastro de las comisiones ilegales en la gestión de los ERE fraudulentos, se saldó ayer con nueve arrestos: políticos en activo, líderes sindicales y empresarios. Entre ellos está el responsable de Empleo de la Diputación de Sevilla, Enrique Rodríguez, que fue gerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), organismo del que supuestamente salían los fondos irregulares. La jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso, lo considera colaborador necesario del exconsejero José Antonio Viera, a quien la Guardia Civil califica como pieza clave en el fraude. Viera, que tiene condición de aforado al ser diputado socialista en el Congreso, no está imputado.
En la lista de detenidos también aparecen varios dirigentes y exdirigentes sindicales de CCOO y UGT. Hubo diez registros domiciliarios incluso fuera de Andalucía y medio centenar de imputados más, que hacen que la cifra total supere ya los 170 encausados desde que Alaya inició la investigación, hace casi tres años.
Tres detenciones se realizaron en Sevilla, dos en Córdoba, dos en Málaga, una en Cádiz y otra en Segovia. Los registros se efectuaron a la vez en Sevilla, Córdoba, Málaga y Barcelona, junto a otras actuaciones en Madrid y Jaén.
Enrique Rodríguez fue arrestado por la Guardia Civil cuando salía de su casa en el centro de Sevilla a las 7.30 horas. Le condujeron hasta la Diputación para registrar su despacho, aunque antes de pisar las dependencias de la Diputación provincial sobre las 11.00 horas ya había sido cesado de forma temporal pero fulminante. La jueza lo define en el auto que justifica las actuaciones como alguien de la absoluta confianza del exconsejero José Antonio Viera, a quien Alaya señala como favorecedor de ayudas bajo sospecha en la Sierra Norte. La instructora afirma que la documentación obtenida hasta ahora ha permitido a la Guardia Civil comprobar que Rodríguez participó en subvenciones turbias y tuvo una intervención esencial como perfecto conocedor del sistema opaco utilizado para la consecución de otras ayudas a personas de su círculo próximo, las de su propio municipio, Las Navas de la Concepción.
Entre los detenidos está el secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, arrestado al llegar a su despacho en la sede del sindicato de la capital gaditana. Mera ya fue interrogado por la Guardia Civil y en su declaración admitió haber pedido a la consultora que medió en el expediente de la Faja Pirítica de Huelva (Uniter) fondos del ERE para costear gastos de las manifestaciones que hizo el sindicato. UGT avanzó ayer que costeará su abogado y que no tomará decisiones sobre su situación hasta saber de qué se le acusa. También fueron arrestados el exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO-A Roberto Carmona; el exdirigente de CCOO en Córdoba Francisco Casado (cuyo domicilio fue registrado), y su hermano, José Manuel Casado.
La Guardia Civil registró la vivienda sevillana del exsecretario de Organización de Industria Textil de CCOO-A Juan Antonio Florido, que no fue detenido, y de quien Alaya apunta que se benefició de una póliza de 221.500 euros al prejubilarse de la empresa Hytasal, y de otras que sumaron 43.500 euros más, todos abonados por la aseguradora Vitalia, a la que la jueza investiga por su mediación en los ERE fraudulentos y el cobro irregular de sobrecomisiones millonarias.
También se registró el restaurante Río Grande de Sevilla por si hubiese pagos aún no detectados al exsindicalista y conseguidor Juan Lanzas. En Málaga fueron arrestados Ángel Quesada, director de un complejo hotelero de Torremolinos y vicepresidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol (Aehcos); y un exbanquero.
Los registros incluyeron el domicilio en Sevilla del empresario José María Sayago, vinculado con la trama de ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla; y en Barcelona de José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde socialista de El Pedroso Rafael Rosendo, ya imputado en la causa. La jueza se refiere a estos dos empresarios de la Sierra Sur sevillana como un tándem que percibió de forma arbitraria 32 millones de euros, el 39% de las ayudas concedidas a empresas andaluzas por la Dirección General de Trabajo y el 61% de las otorgadas en la Sierra Norte. Según la jueza, controlaban un entramado formado por un gran número de empresas, la gran mayoría sin actividad comercial ni trabajadores dados de alta, creadas con el único objeto de obtener fondos públicos de forma masiva.
La Guardia Civil informó en un comunicado de que la investigación versa sobre irregularidades en la concesión de ayudas a empresas por parte de la administración, a miembros de sindicatos que habrían favorecido la tramitación y a empresarios que habrían obtenido de forma irregular fondos públicos, y que se investiga la implicación de profesionales de banca en actividades vinculadas al blanqueo de capitales.
