La Generalitat Valenciana abrió, con la defensa de su contrato para inmigrantes, un nuevo frente de batalla con el Gobierno central. Tras la guerra del agua, el conseller de Inmigración, Rafael Blasco, llamó a asistir a la inmigración dada "la inoperancia del Gobierno y su absoluta dejación de funciones".
Blasco, a pesar de estas críticas, reiteró su voluntad de llegar a acuerdos con el Gobierno y explicó que "el mejor instrumento para mantener la cohesión social son las políticas de integración que está impulsando" su departamento. En este sentido, destacó que la futura Ley de Integración que prepara favorecerá la integración "al ofrecer al inmigrante unas herramientas como el conocimiento del valenciano y castellano, o la posibilidad de conocer las instituciones, el sistema educativo y sanitario.
El titular de Inmigración y Ciudadanía dijo no entender "por qué el Gobierno de Zapatero no afronta el fenómeno de la inmigración con seriedad, y cuando lo hace, toma posiciones diferentes a las de la mayoría de los socios europeos, como Suecia, Dinamarca o Gran Bretaña". Es más, criticó que el Gobierno "tire la piedra y esconda la mano con la inmigración" y lamentó que el "desastre de la política migratoria" del Ejecutivo estatal "dificulte seriamente los esfuerzos del Consell en la integración de los extranjeros".
Falta de rigor. La respuesta vino del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que aseguró que a la Ley de Integración del Inmigrante propuesta por la Generalitat Valenciana "le falta rigor", y que "lo que hay que hacer" es fijar una política de inmigración en consonancia con la del resto de países de la Unión Europea (UE).
Corbacho señaló que lo que las comunidades deben hacer es crear "leyes sectoriales" que refuercen la competencia de los alcaldes "para hacer cumplir las normas". El ministro precisó que las costumbres pueden variar incluso en una misma región y se preguntó que ocurriría si alguien no cumpliera alguna cláusula del contrato de integración civil" propuesto por la Generalitat Valenciana. "¿Lo expulsarían entonces a Murcia o a Andalucía?", aseveró.
