Tres semanas. Esa es la orden que ha partido de la presidencia del Gobierno andaluz para que la futura ley de formación profesional se acelere y pase por Consejo de Gobierno antes de las vacaciones. El estallido del caso de UGT Andalucía, con 16 detenidos esta semana por presunta malversación de fondos públicos destinados a los cursos de formación abonados por la Junta, ha inquietado aún más a un Gobierno que lleva meses investigando estos expedientes pero que hasta ahora no había dado órdenes para acudir a los tribunales ni ha articulado un nuevo mecanismo para el reparto de estos fondos. La última convocatoria de formación corresponde a 2011 aunque el Gobierno andaluz ha seguido destinando partidas presupuestarias mediante la ejecución, con retraso, de programas como el Andalucía Orienta, si bien a UGT también se le han congelado adjudicaciones por falta de justificación. Para terminar con este caos y para clarificar un nuevo modelo de formación profesional apartado de la sospecha de fraude que se cierne sobre el actual también en Madrid se ha destapado una trama con los mismos fondos pero con la patronal como protagonista se aprobará un nueva ley que reglará tanto la FP como la formación ocupacional. Ya el pasado diciembre el consejero de Educación, Luciano Alonso, anunció esta nueva norma. En Andalucía las competencias en formación salieron de la Consejería de Empleo hacia la de Educación en septiembre de 2013, en pleno escándalo del caso ERE, precisamente para fijar una especie de cordón de seguridad sobre estos fondos hacia los que ya había serias sospechas en su gestión. La Guardia Civil ha señalado esta semana a una posible financiación ilegal de UGT Andalucía mediante un sistema que se perpetuó y fue perfeccionado durante años y que presuntamente elaboró facturas falsas para desviar fondos que debían de ir destinados a la formación. Existe otra investigación en paralelo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Ministerio del Interior que el pasado abril apuntó a un «fraude masivo» en Andalucía y señaló la posible existencia de «empresas fantasmas» que recibían subvenciones y nunca organizaron cursos. Según los datos ofrecidos por el Gobierno andaluz de 2007 a 2013 se han destinado 2.326 millones de euros que han servido para financiar 36.000 cursos. Aunque la Junta niega que la mayoría de este dinero este bajo sospecha, la mancha que se extiende es imparable. Además los resultados o la eficacia de esta formación impartida preferentemente, hasta ahora, por sindicatos y patronal queda en entredicho ante un 35% de paro. El Gobierno andaluz no ha señalado todavía qué modelo va a instaurar en la nueva ley pero tanto la presidenta de la Junta, Susana Díaz, como el consejero de Educación insisten en la importancia de vincular esta formación directamente con las necesidades del mercado laboral. Desde el departamento que está elaborando la futura normativa se apunta a la posibilidad de trasladar la conexión de universidades y empresas al ámbito de la formación profesional y las pymes. Lo que Andalucía descarta es dejar totalmente estos fondos en manos de empresas y academias privadas. La Junta ya tiene en marcha una red de once centros públicos pilotos, bajo un programa llamado Formación en la Alternancia, donde se compagina formación teórica y prácticas en empresas. Del borrador de la nueva ley solo se conoce que los requisitos para impartir formación serán más restrictivos y tendrán más puntuación las entidades que estén orientadas a la inserción laboral y emitan los llamados certificados de profesionalidad. Habrá concurrencia competitiva entre todos los que aspiren a estos fondos hasta ahora sindicatos y patronal tenían adjudicación preferente y habrá evaluación de los resultados formativos, sobre todo desde el punto de vista del acceso al mercado de trabajo. La ley fijará además el llamado principio de exoneración, que la Junta practica desde que llegó el nuevo Gobierno, y que supone que aquellas entidades que no hayan justificado el destino de los fondos no podrán concurrir a nuevas convocatorias de ayudas. La nueva ley sacará de la órbita del acuerdo de concertación los fondos de formación. El Gobierno está pendiente de negociar el octavo acuerdo con CCOO, UGT y CEA, pero ésta vez la millonaria tarta de la formación no se la van a repartir. El Gobierno andaluz comenzó oficialmente la revisión de los expedientes de las ayudas concedidas a UGT el pasado octubre tras el reguero de informaciones que apuntaban al supuesto desvío de fondos públicos destinados a la formación a gastos diversos del sindicato (comidas, regalos, obras ) y después de que la Fiscalía abriera diligencias. En estos meses, se han cruzado dos investigaciones. Una la que mantiene abierta la Consejería de Economía, que ha reclamado ya en firme la devolución de 1,8 millones de euros de dos expedientes en los que UGT no ha podido justificar el destino de los fondos para políticas activas de empleo. Están en revisión otros 19 expedientes que suman 15,2 millones de euros. Educación revisa otras 41 ayudas de UGT, aunque no ofrecen datos de cuánto suman estas subvenciones.
