El Ayuntamiento ha recibido esta semana un primer balón de oxígeno para el ejercicio 2011, el primero del plan municipal de saneamiento que se encara con déficit de 31 millones de euros sólo en la Corporación, al que hay que añadir las pérdidas de las empresas municipales y que deberá compensarse con un recorte de los gastos y las inversiones. La nueva ley de participación en los tributos de la Junta, que entró en vigor el pasado mes de junio, permite al Consistorio recibir 22,1 millones de euros, que se incorporan a las cuentas del próximo ejercicio, un hecho al que se suma la previsión de que el Gobierno central incremente un 10% su aportación a las administraciones locales en los presupuestos que se negocian ya en el Congreso.
La cantidad que transferirá la Junta de Andalucía al Ayuntamiento como participación en los tributos autonómicos le fue remitida al Consistorio por un escrito esta misma semana, según confirmaron fuentes de la Delegación de Hacienda. En total, se han repartido entre los municipios andaluces 420 millones de euros, de los que 148 se distribuyen entre las 29 ciudades de la comunidad con más de 50.000 habitantes. Sevilla se ha llevado un 5% del total y un 14% de la partida destinada a grandes ciudades, tras la aplicación de un cálculo que tiene en cuenta valores como la población -que en el caso de Sevilla se cuenta por debajo de los 700.000 habitantes-, el territorio, la dispersión y la capacidad fiscal. El cómputo le entrega al Ayuntamiento 22,1 millones de euros, mucho más de lo que hasta ahora ha transferido la Junta de Andalucía al Consistorio a través de un fondo de nivelación, que en 2009, por ejemplo, sólo supuso 2,7 millones de euros.
La principal fuente de ingresos del Ayuntamiento -al margen de tributos y multas- es por tanto el Estado, cuya aportación cayó hasta en 53 millones de euros en los presupuestos de 2010 y se considera uno de los elementos que han arrastrado al Consistorio a su difícil situación actual, con un déficit de 31 millones de euros al cierre de 2010, al margen de las pérdidas de las empresas municipales, y con una cuenta general de 2009 -la última aprobada- que roza los 88 millones de déficit.
Esta situación ha obligado al Consistorio a rehacer su plan de saneamiento, entregado ya a la Junta de Andalucía, para poder realizar un reajuste: el Consistorio no puede aprobar las cuentas de 2011 sin al menos planificar un nuevo plan de ahorro que le permita compensar los más de 30 millones de déficit. Esto implicará un recorte aún más drástico del gasto corriente y de las inversiones, sobre todo teniendo en cuenta el complejo escenario de 2011: será el primero en el que no se podrán pedir créditos para gasto corriente, se empezará a pagar un 4,89% de intereses en la deuda de 419 millones de euros con los bancos que la Delegación de Hacienda renegoció en 2008, se tendrán que devolver 17 millones de euros al Estado y se tendrá que encarar definitivamente la quiebra de Tussam.
El Ayuntamiento, como el resto de capitales españolas, mira a la Junta de Andalucía y al Estado para aliviar esta situación crítica, dada la dificultad para incrementar los ingresos propios. El Gobierno local no baraja forzar un incremento de la presión fiscal para 2011 ante la situación de crisis y al ser un año electoral. La morosidad ha aumentado y ya incluso se han tenido que provisionar 45 millones pendientes de ingreso por las dificultades para que sean percibidos; y la construcción y los tributos vinculados a este sector siguen sin recuperarse.
Por parte de la Junta, al margen de los 22 millones ya citados, como subrayó el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Francisco Toscano, se espera un nuevo aumento del 25% en el fondo de nivelación. Por parte del Estado, todo sigue a la espera de la negociación de los presupuestos del Gobierno central, que se inician ahora con un objetivo trazado desde el Ministerio de Hacienda: aumentar un 10% las transferencias a los ayuntamientos.
