La Junta buscará en enero consensuar con los ayuntamientos y el Estado el polémico plan del litoral. A principios de año, una vez que el Consejo de Gobierno haya formulado el documento -que pretende poner coto a los desmanes del ladrillo en la costa-, se creará una comisión entre las distintas administraciones que en el plazo de seis meses debe alumbrar el nuevo plan. El acuerdo se antoja complicadísimo. El PP, que gobierna en la gran mayoría de los municipios del litoral y que ostenta la presidencia accidental de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ya ha dejado claro su rotundo rechazo a una norma que, según alertan los populares, "paralizará la construcción y, por tanto, la economía". La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente lo rebate e indica que, actualmente, la costa andaluza cuenta con 30 millones de metros cuadrados donde se podrán levantar 40.000 viviendas, la mitad en Málaga.
La figura de esta comisión no es nueva y se ha usado ya en algún que otro plan subregional, pero nunca antes un órgano interno de debate será tan controvertido. El PP pide a la Junta que dé marcha atrás en su intención de frenar el cemento en la costa, pero la consejería tiene claro que hay que poner orden en el "urbanismo durmiente" en los primeros 500 metros desde el mar. El crecimiento inmobiliario ahí ha sido brutal y en nada ha ayudado que la mayor parte de los municipios no tengan adaptados sus planeamientos al Plan de Ordenación de Territorio de Andalucía (POTA), de 2006. El POTA fija que un municipio no puede construir por encima del 40% del crecimiento urbano o del 30% de la población.
A partir de esta nueva norma, que cuenta con la bendición de los ecologistas, como medida cautelar, todo el suelo urbanizable costero que no tenga un ordenamiento urbanístico en vigor o proyectos ya en marcha no podrá ser construido. A partir de ahí se fija un plazo de dos años para que los ayuntamientos hagan sus deberes y se adapten al POTA. Si en ocho años no lo han hecho, directamente se aplicarán los límites de crecimiento fijados en la ley andaluza.
Agilizar trámites. La Junta aprobó hace una semana un decreto-ley que incluye la creación de este Plan del Corredor del Litoral andaluz, pero el decreto también contempla otras medidas para agilizar la tramitación de un PGOU, como la unificación de los plazos de emisión de los informes sectoriales de cada departamento del Gobierno andaluz. Hasta ahora se trataba de un proceso lento y engorroso que podía durar unos seis meses. La idea es rebajar ese plazo hasta los tres meses.Ademas, la consejería que dirige Luis Planas está elaborando otro decreto, que estará listo en cuatro meses, para crear un órgano único que coordine y emita todos los informes sectoriales de la Junta necesarios para aprobar los planes urbanísticos. La complejidad y lentitud del proceso de tramitación de un PGOU es una queja recurrente de los ayuntamientos. Hasta ahora un consistorio, tras la aprobación inicial en pleno de su planeamiento, debía solicitar distintos informes a cada consejería, por ejemplo a Medio Ambiente, Vivienda o Salud. Esto cambiará y se hará más sencillo gracias al órgano único, que tendrá carácter provincial, al que deberá acudir el ayuntamiento para tramitarlo todo a la vez, mediante procedimientos electrónicos. H
