Si el Ayuntamiento anula la licencia de la torre Pelli , como pide la plataforma Túmbala, será el Consistorio quien tendrá que hacer frente a la indemnización, más de 200 millones de euros. Eso es lo que dejó caer ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ante las insinuaciones del alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP).
Martínez Aguayo mostró su sorpresa por la actitud del Ayuntamiento de Sevilla y recordó que la licencia de este tipo de edificabilidad "las da el Ayuntamiento". Tras apuntar que se enteró por la prensa de la carta que Zoido envió a la Junta, la consejera añadió que "que yo sepa, la licencia para este tipo de edificabilidad la da el Ayuntamiento y nadie más". "Por tanto -apostilló- lo que haya que decidir sobre eso recae sobre la administración que concede la licencia, que no es la Junta de Andalucía".
Sin embargo, el alcalde de Sevilla siguió ayer sembrando dudas sobre un proyecto -con una inversión prevista de 311 millones- que marcha a buen ritmo pese a la crisis económica. Eso sí, según Zoido la licencia se dio después de los informes favorables de la Consejería de Cultura y la Comisión Provincial, la petición de informe remitida en febrero de 2007 a la Delegación Provincial de Obras Públicas que no tuvo respuesta; el escrito de la Dirección General de Costas de marzo de 2007 avalando el diseño; o la remisión del plan especial a la Junta de Andalucía.
Tras preguntar en una misiva al presidente de la Junta y a la ministra de Cultura quién tendría que asumir la indemnización en el caso de que la licencia de obras de la torre diseñada por César Pelli se revisara o anulara, Zoido insistió ayer que Gobierno y Junta deben ser "garantes" de que Sevilla no perderá su sello de Patrimonio de la Humanidad por el rechazo de la Unesco al proyecto de César Pelli. Un rechazo que, por ahora, no es tajante ni definitivo.
"Sevilla es monumental, nadie puede poner en riesgo ni en peligro este aspecto, y por eso hay que ser muy escrupuloso con el respeto a la ley", indicó Zoido, para añadir que por ello reclamó tanto al Ministerio de Cultura como a la Junta que digan "qué hay que hacer", ya que Sevilla no puede perder la calificación de Patrimonio de la Humanidad "bajo ningún concepto".
Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Espadas, lamentó que el alcalde se dedique a "introducir temor o dudas" en torno a las consecuencias del proyecto. Dado el expediente que tramita Unesco, Espadas cree que Zoido debe "convencer" a esta institución de que tales monumentos están "cuidados y vigilados". A su juicio, sólo "en clave electoral" se puede comprender las cartas remitidas por el alcalde a la Junta y al Ministerio.
"La Unesco ha analizado ya varios informes presentados y si es necesario seguir dando explicaciones, el Ayuntamiento debe estar el primero", dijo Espadas tras recordar que hasta la Gerencia de Urbanismo confirmó la legalidad de la licencia de obra.
Si se revoca la licencia... o si nos toca la lotería
"Es igual que preguntarse qué haremos si nos toca la lotería". El delegado del Gobierno central en Andalucía, Luis García Garrido, también entró ayer en el debate sobre quién sería el responsable si se revoca la licencia de obras de la torre Pelli. García Garrido señaló el carácter de "supuesto no producido" y subrayó la ausencia de "un escenario real" en el contenido de las cartas enviadas por Juan Ignacio Zoido (PP). Sin querer "polemizar", añadió que la licencia es "absolutamente legal" y que el caso que el alcalde apunta es "un supuesto no producido y absolutamente preventivo". No obstante, García Garrido indicó que, "en primera instancia", la responsabilidad podría corresponder a "quien otorga la licencia", pero insistió en que "es un tema que no está en un escenario real".
