Como parte del acuerdo para saldar la deuda histórica, el Estado ha transferido a la Junta de Andalucía un macrosolar de 314 hectáreas en el litoral almeriense, de las que 224 tienen "bastantes trabas de explotación", según reconocieron ayer fuentes del Gobierno andaluz. Los terrenos de El Toyo II de Almería -que suponen el 95% del suelo con el que el Gobierno ha compensado a la Junta-, están sujetos a restricciones urbanísticas, medioambientales y de seguridad aérea.
Por un lado, en el PGOU de Almería -que está en fase de revisión- sólo 90 hectáreas de las 314 son "urbanizables no sectorizadas", o sea, que ahora no está programada la construcción, pero podría hacerse con un plan parcial que desarrollase el PGOU. Pero el gran problema es que el resto del solar está dentro de un espacio natural protegido, calificado como Lugar de Interés Comunitario (zona LIC) por la Unión Europea. Y esto dificulta la posibilidad de rentabilizar el valor del suelo y de obtener el dinero contante con el que la Junta justificó la deuda histórica (cubrir los déficit con los que el Estado transfirió las competencias en educación, sanidad y vivienda en los 80). Con todo, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, volvió a reiterar ayer que la tasación final de todos los suelos transferidos tendrá que equivaler exactamente a los 784 millones que el Gobierno adeudaba a Andalucía.
A esto se unen otros dos inconvenientes: que gran parte del solar se extiende por la línea costera y los planes de ordenación territorial impiden construir en 200 metros desde la orilla hacia adentro (100 más que la Ley de Costas), con lo que parte del suelo es intocable. Y segundo, que El Toyo II está pegado al aeropuerto de Almería y una gran parte está catalogada como "zona de cono aeroportuario", lo cual limita la edificabilidad en altura por seguridad, según la normativa de Aviación Civil, y eso resta más metros cuadrados. Apenas hace seis días que el Consejo de Ministros aprobó la delimitación de la zona de seguridad que colinda con el aeródromo de Almería.
De todas las aparentes trabas para sacar partido al suelo estatal, la que más preocupaba ayer a la Consejería de Medio Ambiente era la calificación de zona LIC que pesa sobre los terrenos almerienses, porque en conjunto afectan al 68% del total del suelo de la deuda histórica, como adelantó ayer este periódico.
Griñán reconoció ayer que hay terrenos "protegidos y sin proteger" y que los primeros "son parcialmente protegidos". Dicho esto, Medio Ambiente admitió que aunque "hoy por hoy la mayor parte del solar estatal no es urbanizable, no hay merma para construir en suelo protegido" porque "la zona LIC no pesa tanto como la de espacio natural".
Los datos de Vivienda contabilizan toda la superficie de El Toyo como una sola: 393,34 hectáreas, 99,34 urbanizables y 294 son suelo LIC. Griñán se posicionó ayer más claramente sobre la parte urbanizable: "Hay un terreno que es perfectamente edificable y hay otros que son edificables con planes parciales. He oído que no es bueno que se hagan VPO en sitios que son para viviendas de lujo y no entiendo muy bien la objeción". Con esto se refirió de pasada a lo que puede ser el fondo del asunto: desde hace un año, el Ayuntamiento de Almería (PP+GIAL) y la Junta mantienen un pulso en torno a estos terrenos "urbanizables no programados", porque el Consistorio quiere levantar allí otro conjunto residencial turístico de lujo como el que ya hizo en El Toyo I, y la Junta pretende edificar viviendas protegidas.
Uno de los máximos conocedores de las "limitaciones" del solar estatal es el que fue edil de Urbanismo desde 1999 al 2003, porque él diseñó el plan parcial para construir el resort de lujo de El Toyo I y ya entonces estudió las posibilidades de El Toyo II. "Hicimos El Toyo I porque era urbanizable, estábamos en la época del todo vale y el Ayuntamiento se forró vendiendo el terreno a promotores privados. Pero no metimos mano en El Toyo II porque había las mismas dificultades para construir que ahora", dice el edil Diego Cervantes (IU). Cuando se planteó, la edificabilidad de El Toyo II era escasa: de 0,10 metros por cada hectárea. "El valor de suelo no urbanizable en zona LIC es nada. Si después la Junta construye o lo recalifica y pega el pelotazo, vale, pero lo hará la misma administración que pidió a la UE que catalogase la zona de protegida", dice Cervantes.
