Miembros de la Corrala Utopía, acampados en la Plaza Nueva, ante el Ayuntamiento. / José Luis Montero
Por I. Alonso / N. Jiménez Junta y Ayuntamiento no se ponen de acuerdo, así que las familias desalojadas de la Corrala Utopía siguen en la calle, en plena Plaza Nueva. Mientras que el Gobierno autonómico pone a disposición de los desalojados seis viviendas sociales que tiene en Sevilla y exige al Consistorio que «cumpla» con la legalidad y destine 16 de las 528 viviendas públicas «vacías» que tiene a estas personas, el equipo de Juan Ignacio Zoido (PP), afirma que no puede «premiar al que pega una patada en la puerta», que no tiene competencias y que sería la Junta la que tendría que autorizarle que se salte la lista de demandantes para darles a estas familias un hogar.
De hecho, defiende que en Sevilla hay muchas familias que se merecen un piso social antes que las desalojadas. La delegada de Asuntos Sociales, Familia y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento, Dolores de Pablo-Blanco, aseguró ayer que hay 388 familias con un baremo social y que solo tres corresponden a la Corrala Utopía (solo tres están necesitadas), y una de ellas ya tiene vivienda. Y esas dos no están «en los primeros puestos de la lista» de demandantes.
Además, la delegada dijo no entender por qué no aceptaron la oferta de Ibercaja fruto de la reunión que mantuvieron el pasado 18 de marzo. Era la última oferta del banco: un desalojo pacífico a cambio de viviendas. Pero la delegada omitió el problema: la ubicación. Ibercaja carecía de pisos en la capital salvo uno de un dormitorio en Bami por lo que ofrecía a los miembros de la Corrala a repartirse de manera provisional hasta final de octubre en casas en «el entorno de Sevilla»: Camas, Salteras, Burguillos, Pilas, Sanlúcar la Mayor o Alcalá de Guadaíra. Ahí vinieron las objeciones. No del Ayuntamiento, que veía que esa era «la solución» y daba el paso atrás en la negociación, sino de la Junta, que primero pidió algo de margen para proceder al traslado con todas las ventajas y, después, requirió que, en el caso de las familias con menores a cargo, éstas estuvieran en la capital para evitar posibles problemas de escolarización.
En esa reunión, la Junta le pidió al Ayuntamiento ir «de la mano» para conseguir más tiempo para proceder al realojo. Sin embargo, el papel asumido por el Consistorio era únicamente de mediador y una vez que se encontró vivienda para los miembros de la Corrala Utopía, vio el entuerto resuelto. Sin embargo, la Junta e Ibercaja siguieron con sus negociaciones, como se intuye en las palabras del viceconsejero de Fomento y Vivienda, José Antonio Cebrián, que indicó que el pacto con la caja era el de realojarlos en viviendas «del entorno de la avenidas Juventudes Musicales», al lado del edificio propiedad de Ibercaja.
Con todo, tras el desalojo del domingo, ayer García Cebrián inscribió en el registro municipal un documento en el que detalla las obligaciones legales de ambas administraciones tras el auto judicial de febrero que ordenaba el desalojo de las 22 familias de la corrala. «En el auto se conminaba a las administraciones con competencia en vivienda a proveer lo necesario para que las familias en riesgo de exclusión y los menores no se queden en el desamparo», explicó.
Pero el Ayuntamiento dice que no tiene competencias y que es «sorprendente» que la Junta solo mire a la Plaza Nueva. La delegada defendió que hay un registro de demandantes de viviendas que no puede vulnerar y que solo un decreto de excepcionalidad de la Junta podría permitirle saltarse esa lista.
Dolores de Pablo-Blanco reiteró varias veces que el Ayuntamiento no ha instado ningún desalojo, que no puede «premiar al que pega una patada a una puerta» y que han asistido a todas las reuniones y cumplido con su obligación, realizar el baremo social. «Estas personas están en la calle porque quieren. Se les ofreció alojamiento y manutención», indicó en alusión al albergue.
Mientras, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), aseguró que «alguien» tendrá que dar explicaciones del por qué se han precipitado los acontecimientos con el desalojo. Las familias recibieron ayer el apoyo de PA, CCOO y Facua, entre otras muchas organizaciones.
