La Junta de Andalucía rechazó ayer que el Gobierno central plantee
conversaciones técnicas sobre la mina de Aznalcóllar tras haber puesto sobre la mesa un
recurso de inconstitucionalidad que el consejero de Economía calificó de «chantaje», por lo que pidió que se retire para no
bloquear el proceso. José Sánchez Maldonado dijo que, más allá del freno que supondría que el Tribunal Constitucional deba dirimir durante años el conflicto de competencias planteado por Madrid, el anuncio supone
un lastre «para la marca España»: las empresas que llevaban dos meses redactando propuestas para optar a explotar el yacimiento sevillano difícilmente seguirán al faltarles seguridad jurídica.
El Consejo de Ministros planteó el viernes un recurso contra el decreto ley de la Junta que planteaba la reapertura de la mina, y contra el concurso internacional convocado en enero,
argumentando que invadía competencias estatales según la Ley de Minas de 1973. La Junta criticó el recurso a una norma franquista para frenar, sin previo aviso, un proyecto que debía estar en marcha en un año para crear miles de empleos en una comarca donde el paro alcanza a más de un tercio de la población activa. El Gobierno replicó que tenía que respetar los plazos para presentar el recurso y planteó un diálogo para encontrar una solución más rápida que la vía judicial al problema de competencias.
Ayer, Sánchez Maldonado volvió a responder al Gobierno central a través de los medios de comunicación, porque
Junta y Gobierno no han hablado sobre este asunto ni sola vez. Le instó «repensar» el recurso al Constitucional y avanzó que ha convocado una reunión hoy con los representantes del sector, para «reiterar su compromiso» de sacar adelante el concurso.
Sánchez Maldonado señaló que plantear «
un proceso de negociación con el recurso sobre la mesa cuanto menos» lo lleva a sentirse «chantajeado». «Si realmente hay que hablar, ha habido mucho tiempo», señaló el consejero, que añadió que «si el tiempo de hablar era ahora, hay que hacerlo en igualdad de condiciones, sin esta espada de Damocles». Fuentes de la consejería precisaron que técnicos de la Junta y del Ministerio mantienen contacto permanente sin que se haya planteado «ningún tipo de reserva jurídica» desde el inicio de trámites hace tres meses. La semana pasada,
en una conferencia sectorial de Industria, incluso se habló sobre minas sin que se mencionara Aznalcóllar, por lo que la consejería entiende que no se está actuando para resolver un posible conflicto, sino que se ha forzado una situación anómala.
El consejero volvió a recordar que tanto el decreto ley como el concurso fueron votados por
unanimidad en el Parlamento andaluz PP incluido y que «tenía todos los requisitos y garantías legales y políticas». La Ley de Minas establece que la gestión se otorga a quien primero lo pida; el decreto se hizo para convocar un concurso con rígidas exigencias mediambientales. «Tampoco los parlamentarios ni el PP-A han dicho nada y ahora se encuentran de buenas a primeras, en el último minuto de la prórroga, que de una manera unilateral el Gobierno decide poner en marcha un recurso de inconstitucionalidad».
Sánchez Maldonado concluyó que, al no permitir sacar adelante el concurso, el recurso frenará
un «proyecto de reactivación económica de Andalucía que conllevaba, en principio, la creación de unos 1.300 puestos de trabajo, una inversión de unos 300 millones de euros» y diez años de extracción de mineral.
