Durante las jornadas Derechos en conflicto: aborto, eutanasia y objeción de conciencia, la consejera hizo un llamamiento al Gobierno central para que se plantee "una regulación a nivel estatal de la objeción, básicamente porque en ocasiones la no regulación provoca un vacío normativo que da lugar a distintas interpretaciones contradictorias". Es el caso del polémico registro de médicos objetores, que también abría la puerta a los facultativos de atención primaria, pese a que la Junta sólo admite la abstención a los sanitarios que tendrían que participar activamente en la interrupción del embarazo: ginecólogos, enfermeros, matronas y anestesistas. Los médicos de familia sólo están obligados a informar al paciente y derivarle a un especialista para que le practique un aborto.
En un principio, al registro de médicos objetores se opusieron tanto el gobierno castellanomanchego como el andaluz, pero el primero fue recurrido en los tribunales y el Gobierno terminó aceptándolo antes de que los jueces se pronunciaran. El Consejo Andaluz de Médicos -con 32.000 facultativos colegiados- fue el primero en impulsar la lista de objetores. La Junta mantiene que ese registro "no tiene validez", y el Consejo aún no ha decidido si recurrirá al TSJA.
Montero subrayó ayer la necesidad de un "consenso social" como elemento "fundamental" a la hora de abordar este tema. "En Andalucía ya tuvimos ocasión de debatir largamente sobre la objeción de conciencia con motivo de la aprobación de la Ley de Muerte Digna", dijo la consejera.
Junto a ella estuvo ayer el doctor Luis Montes, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que fue relevado del hospital Severo Ochoa, de Leganés, por el Gobierno de Esperanza Aguirre, acusado de practicar "sedaciones irregulares" a enfermos terminales. Montes defendió que el derecho a la asistencia sanitaria de los ciudadanos está por encima de la objeción de conciencia del médico.
"En esta sociedad, la objeción es individual y provoca una situación de insumisión al derecho al aborto. Sobre todo, en los hospitales públicos está garantizado por una cartera de servicios, o sea que tienen la obligatoriedad de prestar ese servicio", dijo. Varias asociaciones sanitarias suscribieron ayer en Sevilla un manifiesto defendiendo que la asistencia del paciente debe de primar sobre la objeción del profesional en el aborto, la eutanasia pasiva o la muerte digna. Según los datos de la encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (2009), el 74,3% de las personas entrevistadas antepondría la decisión del paciente sobre la del médico a la hora de administrar un tratamiento, y el 80,9% considera que todas las personas deben tener acceso a la asistencia sanitaria necesaria para tener una muerte sin dolor ni sufrimiento.
