La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, este martes en rueda de prensa para presentar el plan contra el fraude fiscal. / El Correo
El Gobierno andaluz ha redoblado su ofensiva para tratar de mitigar el daño por dos escándalos que asedian la gestión de la Junta, el caso de los ERE y el del presunto fraude en los cursos de formación. La presidenta andaluza, Susana Díaz, ordenó expresamente al llegar al Gobierno, hace casi un año, tomar todas las medidas posibles para tratar de cauterizar esos casos. Sacó de su Ejecutivo a todo el que pudiera verse salpicado por la trama de los ERE y ordenó frenar y revisar de oficio todos los expedientes de subvenciones públicas otorgadas a sindicatos y empresas. El caso de UGT estaba ya en ciernes y el fraude de los cursos de formación era más que una sospecha para el Gobierno. Pero, pese a todas las medidas adoptadas, endureciendo los controles en el Presupuesto y aprobando medidas radicales como el freno a las transferencias de financiación una práctica habitual en otros presupuestos públicos, la bola de nieve de los escándalos de presuntos casos de fraude masivo y corrupción no paran de asediar al Gobierno andaluz. El último: el supuesto desvío de fondos públicos de los cursos de formación y la reaparición en escena de un exconsejero de Hacienda, que estuvo en la Junta hace 27 años, y que desde entonces ha creado presuntamente desde la actividad privada todo un entramado de empresas para acaparar de forma muy dudosa ayudas públicas.
Ante los múltiples frentes abiertos, Díaz ha ordenado a su Gobierno salir a remarcar esas líneas rojas para tratar de salvaguardar su gestión. La Consejería de Educación salió el lunes a desmentir que haya exonerado de justificar las ayudas públicas recibidas por Ojeda y ayer le tocó el turno a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que anunció el endurecimiento de los controles a las empresas que reciban fondos públicos y no dudó en apelar al Ministerio de Justicia para que se facilite en los tribunales la recuperación del dinero presuntamente defraudado. La Consejería de Educación, responsable de los fondos de formación, revisa los más de 8.000 expedientes de las ayudas otorgadas entre 2007 y 2011 una tarea que ha admitido que no terminará hasta finales de 2015 y prepara una nueva ley, que se aprobará el próximo martes, para poner nuevos requisitos a estas ayudas. Hacienda anunció que endurecerá los controles sobre las empresas que reciban fondos públicos mediante cuatro vías. Habrá más controles y actuaciones inspectoras sobre las empresas que reciban subvenciones y se incrementará la supervisión de estas entidades con un apartado específico en los planes anuales de inspección. La Junta podrá cobrarse de forma directa y automática las cuantías que estas empresas adeuden a la hacienda pública por incumplir sus compromisos tributarios. Y las empresas que acudan a una convocatoria pública de subvenciones deberán autorizar a la Junta para pueda de oficio recaudar toda la información necesaria para acreditar la solvencia de estas entidades. En la trama que investiga un juez sobre las ayudas de formación la Fiscalía alertó de empresas fantasmas y cazasubvenciones que nunca llegaron a cumplir con sus cometidos.
Pero sin duda la gran promesa de este Gobierno ha sido que recuperará cada céntimo defraudado a las arcas públicas por estos escándalos. Díaz llegó a prometer un plan especial de empleo para jóvenes financiado con el dinero que se recuperara del fraude de los ERE. Sin embargo, las dificultades son máximas. La Junta no deja de recibir varapalos en los tribunales y las empresas a las que se reclaman las cantidades se amparan en recursos y apelaciones que convierten en misión imposible y en una «cadena interminable», admitió Montero, la recuperación de los fondos públicos. La consejera de Hacienda apeló ayer al Ministerio de Justicia a buscar una «vía exprés» en los tribunales para agilizar este proceso. Según la última información proporcionada por el Gobierno andaluz en el Parlamento, están en fase de apremio unos 6 millones de euros. Una cantidad insignificante teniendo en cuenta que la Junta pintó en su Presupuesto 160 millones en ingresos por la recuperación de pagos indebidos. La jueza Mercedes Alaya cifra el fraude en 855 millones.
Presión fiscal. La consejera de Hacienda presentó los resultados del plan de lucha contra el fraude fiscal que realiza la Junta desde hace dos años. Según los datos de la Agencia Tributaria de Andalucía, las actuaciones de los inspectores de Hacienda sobre los tributos propios y cedidos a la comunidad (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Transmisión Patrimonial) han permitido recaudar 375 millones de euros, lo que supone un 12,6% de incremento gracias a estas operaciones de control. El mayor incremento ha residido en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con 100 millones de euros adicionales. Las actuaciones sobre grandes patrimonios, mucho más limitadas, han permitido aflorar unos 7 millones de euros. La Junta ha abierto unos 70.000 procedimientos sancionadores, de los que 62.000 han conducido a sanciones. Estos impuestos representan apenas el 10% de los ingresos tributarios de la administración autonómica (2.508 millones de euros desde octubre de 2012), ya que los grandes tributos, insistió la consejera, están en manos del Estado, a quien insistió en que refuerce sus medidas contra el fraude fiscal para acabar con la «infrafinanciación» de las comunidades autónomas. Montero se mostró convencida de que un plan eficiente contra el fraude en el ámbito estatal permitiría al Gobierno central incrementar la recaudación en más de 6.000 millones de euros, clave, aseguró, en un momento de vacas flacas.
Presupuestos. «Muy difícil y complejo». La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, no restó ayer dificultad a la elaboración del próximo Presupuesto andaluz para 2015. A pesar de que el ciclo económico da señales de mejora, la Junta se queja de que el Gobierno le ha dejado de transferir 600 millones que harán aún muy difícil la elaboración de las cuentas tras cinco años de presupuestos de recortes y restricciones. Montero rechazó la posibilidad de aminorar la presión fiscal sobre las clases medias, aunque sí volvió a garantizar que no subirá los impuestos ni se crearán nuevas figuras tributarias. Hacienda está negociando con Izquierda Unida, socios del Gobierno en la Junta, desde que comenzó la previsión de ingresos para 2015 y Montero confió en salvar las dificultades para cerrar la futura ley.
