La Junta retira a Empleo los cursos para parados en plena ofensiva del PP

El Gobierno andaluz niega las acusaciones de los populares sobre las irregularidades en la gestión de los fondos a la formación y les anima a acudir a los tribunales

el 03 abr 2013 / 01:00 h.

  El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, compareció en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, ayer en rueda de prensa. El Gobierno andaluz aprobó ayer un decreto-ley con carácter urgente que retira las competencias sobre los cursos de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y las sitúa en la Consejería de Educación. Los sindicatos CCOO y UGT rechazan frontalmente el traspaso. El cambio llega justo cuando el PP-A ha redoblado su ofensiva de denuncias contra un “segundo fondo de reptiles”, como el que investiga la justicia sobre las ayudas de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), con 4.000 millones de euros administrados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de 2001 a 2010. La Junta negó que esas denuncias tengan fundamento y recordó que ese trasvase de competencias se aprobó hace un año, en el nuevo organigrama del Gobierno, y que los fondos de estos cursos ya residen en Educación en el Presupuesto de 2013. Tras dos años acorralado por el escándalo de los ERE, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, decidió en su último Gobierno borrar la Consejería de Empleo, epicentro del presunto fraude, y troceó sus competencias entre Economía y Educación. En ambos departamentos se han ido adoptando medidas que cambian  el modo de administrar los jugosos fondos públicos residenciados en Empleo, la inmensa mayoría con origen en la Unión Europea. Por ejemplo, el pasado octubre Economía cortó por decreto-ley el pago de comisiones desorbitadas a las compañías aseguradoras que sufragaban las pólizas de los ERE, capítulo de la instrucción judicial que ahora mismo está sobre la mesa de la magistrada Mercedes Alaya, que no dudó en calificar estas sobrecomisiones como “el alma” del presunto fraude. Ayer, el Gobierno andaluz consumó el traspaso de los cursos de formación para desempleados a Educación. Llega dos meses tarde, puesto que debería haberse aprobado antes del 31 de enero de este año. Según explicó el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, el personal (unos mil empleados) de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), la empresa pública que gestionaba estos fondos, se quedará en las oficinas del SAE. El PP andaluz insistió ayer en su denuncia sobre “un nuevo fondo de reptiles” con el dinero destinado a estos cursos de formación y aseguró que se ha administrado de forma “totalmente arbitraria y sin controles” y para “beneficiar a familiares y amigos del PSOE-A”. La vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, habló de una “red clientelar” tejida con estos cursos y aseguró que fue el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, principal imputado por el caso ERE, quien destapó la “caja de Pandora”, cuando en sus declaraciones ante la jueza Alaya se refirió a este segundo fondo. El PP repasó una veintena de supuestas ayudas concedidas a empresarios supuestamente afines al PSOE. Pedirán una comparecencia en elParlamento e insistieron en reclamar una “auditoría integral” de la Consejería de Empleo. Desde el Gobierno andaluz, su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, retó al PP a que si tiene “sospecha de la más mínima irregularidad”  en la gestión de los fondos de formación acuda “inmediatamente” a los tribunales. El responsable de la Junta acusó al PP de “tirar la piedra y esconder la mano”  y de tratar de “generar confusión y alarmar a los ciudadanos”. Según la Junta, estos fondos, destinados a cursos para los parados andaluces que en una gran parte eran organizados por UGT y CCOO y por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), “están reglados, han sido publicados en el BOJA y fiscalizados por la UE”. Los sindicatos CCOO y UGT denunciaron ayer como “una barbaridad” el traspaso de competencias de los cursos de formación de Empleo a Educación y consideraron que “se rompe la integralidad de las políticas activas de empleo en Andalucía”. En declaraciones a Europa Press, la secretaria de Política Institucional y Empleo de CCOO-A, Nuria López, lamentó que se haya culminado esta “irresponsabilidad” por parte del Gobierno y lo consideró “surrealista”. “Llevándose la formación profesional para el empleo a Educación, esta formación de los trabajadores se va a diluir, estará más rígida y menos en contacto con el mercado de trabajo, además de dejar el SAE vacío”. La secretaria de Empleo y Formación de UGT-A, Pepa Castillejo, incidió en tildarlo de “un auténtico error” y consideró que significa “destruir y dinamitar” las políticas activas de empleo. Sobre estas críticas, secundadas por los socios de IU, el Gobierno se limitó a ofrecer “diálogo”. Los cursos de formación han nutrido los presupuestos de los sindicatos y de la Confederación de Empresarios Andaluces durante años. En el último balance de sus cuentas, la CEA explicó parte del déficit de 12,5 millones de euros que arrastra en la caída de ingresos por cursos de formación profesional y en la pérdida de patrocinios y convenios, en su mayoría con la Junta.

  • 1