Ayer le tocó a Manuel Díaz y Mari Carmen González. Hoy puede ser el día negro de Luz, Juan o Carlos. Los desahucios están a la orden del día en barrios como Triana y la Macarena, donde la presión del mercado inmobiliario no deja dormir a más de 25 familias, con pocos recursos, que viven de alquiler desde hace años.
El edificio de Alfarería 138 es parte del antiguo Corral de los Corchos de la calle Castilla, en Triana. Allí vivían hasta hace poco 24 inquilinos. Entre ellos cuatro generaciones de mujeres: Rosa Palacios, la abuela; Magdalena, su hija y madre de Mari Carmen González y la hija de ésta, Samara, de sólo seis años. Y no es la única familia enraizada en este trianero bloque. Sin embargo, la presión inmobiliaria amenaza con echarles del barrio. Sólo quedan diez vecinos: dos pendientes de juicio por desahucio y ocho con rentas antiguas a los que le han ofrecido dinero para que se vayan. Al tener contratos de alquiler de más de 15 años, la ley les protege. Eso sí, mientras aguanten la presión.
Tras siete años viviendo junto a su familia en Alfarería 138, ayer Manuel Díaz y su esposa, Mari Carmen González, fueron desalojados. Él es albañil en paro (se dedica a las chapuzas) y ella limpia por horas. No pueden pagar los 216.000 euros que le pide la empresa propietaria por tener las escrituras del piso, de 40 metros cuadrados. Pagaban 136 euros de alquiler al mes hasta que no le renovaron el contrato.
A las nueve de la mañana los dueños del bloque cambiaron la cerradura de su piso por orden judicial, así que se han instalado en una carpa delante de su antigua vivienda. Algunos familiares y vecinos, por solidaridad, viven y duermen con ellos.
Su calvario comentó hace dos años, cuando se les acabó el contrato de alquiler firmado con el anterior propietario. Cuando éste falleció, su hija vendió el inmueble a la empresa madrileña Renta Antigua López-Brea, que empezó a no renovar los contratos (ya ha habido cuatro desahucios anteriores y, en total, se han ido diez familias). Ayer esta redacción intentó ponerse en contacto con la compañía, pero ésta no ofreció ninguna información al respecto.
La única esperanza de Manuel Díaz es Otainsa, la Oficina Técnica de Atención al Inquilino en Situación de Abuso (que ayer declinó valorar el asunto). Mañana tienen una cita con sus responsables, que les prometieron el realojo en Pagés el Corro. "Nos dijeron que había sitio en el Corral del Cura, pero no sabemos nada", lamentó Manuel Díaz. Éste sólo pide un piso provisional, "hasta que haya sorteos de VPO o podamos encontrar algo que podamos pagar".
El caso de las personas mayores del bloque es bien distinto. Se niegan por activa y por pasiva a dejar su casa y su Triana. No le valen para nada los 24.000 euros que les han ofrecido por terminar con sus rentas antiguas, de alrededor de 54 euros de alquiler al mes. "No hemos recibido amenazas, pero nos ofrecen eso e incluso nos dejan los pisos por 115.000 euros. Pero no tenemos el dinero ni nos vamos a ir", sentencia Loli Cárdenas.
Temerosa, Magdalena Galván cuenta que le dijeron que si no se iban venderían los pisos con los inquilinos y el dueño nuevo se encargaría de echarlos.
Barrio de Begoña. Al igual que se han dado caso de desahucios en San Bernardo, la fiebre inmobiliaria está haciendo mella también en zonas como la Macarena. Unas 25 familias vivían en Guadalcanal 5, Valdearco 8 y 10. En marzo de 2007 empezaron a recibir notificaciones del fin del contrato de arrendamiento. Ya ha habido diez desalojos. Cinco vecinos están pendientes de que llegue su turno y alrededor de ocho tienen contratos antiguos y, por tanto, no se les puede echar por la vía judicial, aunque sí a través de otras prácticas nada democráticas.
Carlos Serrano es uno de los afectados y denuncia que la estrategia usada por la propiedad ha sido la de dejar los edificios durante décadas en el más absoluto abandono, de ahí su deterioro.
Pagan alrededor de 41 euros y ahora la propiedad les pide casi 170.000 euros por sus pisos, una cantidad que consideran abusiva. "Quiere especular para obtener el mayor beneficio", critica Serrano. La propuesta de los vecinos es que el Ayuntamiento compre o expropie los pisos y los destine a viviendas sociales, pero la respuesta municipal ha sido que no hay fondos.
Mientras, tras 30, 20 o 10 años viviendo en la misma casa, personas mayores, familias monoparentales, inmigrantes... temen que les llegue la hora de dejarla.
