El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, anunció ayer que su departamento aplicará una sanción "contundente" por la fuga de Ascó I a Endesa, empresa propietaria de la central nuclear. El expediente para ello se abrirá el próximo mes de septiembre.
El titular de Industria no especificó a cuánto ascendería esa sanción, que estará dentro de la horquilla propuesta por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que recomendó entre 9 y 22,5 millones de euros por los incidentes de noviembre, entre ellos la detección de partículas radiactivas en el exterior de la planta de Tarragona.
Según Sebastián, el ministerio, que no ha recibido aún el informe del CSN, tiene un plazo legal de tres años desde que se produjeron los incidentes para abrir expediente sancionador, pero se va a hacer el mes próximo, dijo el ministro, que aclaró que "no se va esperar tanto tiempo, y se va a intentar cerrar lo antes posible".
"Estemos a favor o en contra de la energía nuclear, todos estamos de acuerdo en que ha de ser segura y ser segura es que no pueda haber ni manipulaciones ni ocultaciones, por lo que seremos contundentes en la sanción a la empresa si consideramos, como hizo el CSN, que hubo una falta grave, de grado máximo, en el desarrollo de su actividad", aseguró el ministro.
Críticas. Respecto a las críticas de organizaciones ecologistas, que tachan de ridícula la multa propuesta, pues equivale al beneficio que Endesa puede obtener en pocos días de la energía producida por la central nuclear, Sebastián señaló que el Gobierno tiene que ceñirse a la ley, que estipula que debe aplicar una sanción sobre la base de la recomendación del CSN.
En ese sentido, Ecologistas en Acción y Greenpeace, estimaron que la nueva ley de Seguridad Nuclear "adolece del defecto fundamental" de que los castigos no son disuasorios ya que la sanción máxima (30 millones de euros) no es suficiente para "convencer a las centrales de que antepongan la seguridad a su beneficio".
Por ello, ambas organizaciones ecologistas exigieron ayer al Consejo de Seguridad Nuclear y al Gobierno que retiren la licencia de explotación a la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV) y que suspendan cautelarmente la actividad de estas instalaciones en lugar de imponer sólo sanciones económicas "no disuasorias" y seguir "minimizando la gravedad" del escape de partículas de cobalto en la central nuclear de Ascó I.
Greenpeace y Ecologistas en Acción califican la iniciativa de imponer una multa económica de "decepcionante" pues implica un "trato muy favorable" hacia la central nuclear, que percibe 1,2 millones de euros diarios por venta de electricidad.
Por ello, Greenpeace recomendó calificar estas sanciones de "muy graves" dado que "el escape supuso peligro para la seguridad o la salud de las personas y para el medio ambiente", en lugar de "minimizar la relevancia del accidente en beneficio de los propietarios de la central.
