Como si se tratara de una reedición de la Operación Malaya, los agentes de la Comisaría General de la Policía Judicial asestaron ayer un nuevo golpe contra la corrupción en el seno de un ayuntamiento de la Costa del Sol. Se trata de Estepona, municipio de la Costa del Sol que, a día de hoy, tiene a media corporación en los calabozos acusada de delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Al cierre de esta edición, el número de detenidos ascendía a 25 y la lista la conformaban el alcalde de la localidad, Antonio Barrientos (PSOE), cuatro ediles más, un arquitecto municipal, un ingeniero de Urbanismo y el jefe de gabinete de la Alcaldía, además de abogados y empresarios que habrían colaborado en negociaciones ilegales de recalificación de terrenos a la baja a cambio de comisiones. El modus operandi era el mismo que el que se atisba en casos como el de Marbella o en tiempos más recientes en Alhaurín El Grande, en Aljaraque y en otras poblaciones españolas como Andratx, Los Alcázares o Mogán. Del mismo modo, la irrupción de un episodio así en el escenario público constituye un nuevo mazazo para la credibilidad de nuestra clase política, pues alimenta la sensación de que la corrupción no se limita a casos localizados. Lo que está ocurriendo en Estepona agrega más motivos para la desconfianza y pone en entredicho los mecanismos fiscalizadores de las administraciones competentes, en este caso la Junta de Andalucía (¿para qué sirven las comisiones provinciales de urbanismo? ¿acaso no se revisan los expedientes?). En cuanto a la actitud de los partidos políticos, nada que objetar en cuanto a la rapidez en la expulsión de los sospechosos de corruptelas, pero se echa de menos algún mecanismo preventivo que actúe de filtro de arribistas sin escrúpulos que, al menos, casi siempre terminan donde deben: ante un juez
