A casi nadie causó ayer sorpresa que el paro registrado en las oficinas del INEM en agosto en España subiera en casi 85.000 personas con respecto al mismo mes de 2008. Los contratos estacionales ligados al sector de los servicios turísticos se acaban y la evolución del desempleo se mantiene en los parámetros previstos por los expertos y por la propia clase política española: el paro sigue creciendo, en Andalucía también, y el dato de agosto no es más que el preludio que anticipa lo que ocurrirá en un otoño que se presume aún más dramático por el final de muchas de las obras ligadas al programa de obras municipales del Plan-E. Las cifras cumplen, por tanto, el guión establecido, pero también reflejan que el ritmo de destrucción de puestos de trabajo se ha frenado, aunque por ahora de una manera más bien suave.
Se podrán hacer todas las lecturas que se considere oportuno, pero los analistas coinciden en lo esencial: el desempleo aumentará y todavía nos queda al menos un año para retomar la senda del crecimiento económico que permitirá la recuperación del empleo. En esta tesitura, se presume crucial que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sepa afrontar los desafíos que le esperan en este próximo curso político. De momento, tiene ante sí algunas de las decisiones más importantes de la legislatura: si sube o no los impuestos en las rentas del capital y si se decide a endeudarse más para poder financiar las ayudas sociales extraordinarias a las que se está comprometiendo, como es el caso del subsidio de los 420 euros, cuya ampliación, decidida ayer, costará otros 700 millones de euros al erario público.
El envite es de una magnitud excepcional, pues requiere soportar un gasto inusual en un momento en el que los ingresos se han desplomado. Pero por ello mismo marcará el devenir de un Gobierno del que ahora se espera que pueda sacar al país de la crisis y que, a largo plazo, afronte el cambio anunciado de modelo productivo hacia una economía más sostenible y menos dependiente del ladrillo.
