Las principales asociaciones de jueces han mostrado su conformidad con la decisión que ha adoptado hoy por mayoría el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de evitar la suspensión del juez Rafael Tirado por su actuación en el caso de la niña Mari Luz Cortés, que califican de "razonada y correcta".
Catorce de los 21 vocales del Poder Judicial -todos ellos jueces- han acordado que la conducta de Tirado constituye una falta grave, pues se debe a un retraso injustificado en la ejecutoria de la sentencia condenatoria de Santiago del Valle, y no muy grave, con lo que han confirmado la multa de 1.500 euros impuesta hace tres meses al magistrado de Sevilla.
En declaraciones a Efe, Antonio García, el portavoz de la Asociación de Profesionales de la Magistratura (APM), ha calificado la decisión de "jurídicamente correcta" y que no puede ser considerada como "desviada", desde el punto de vista de la normativa aplicable y actualmente en vigor.
García ha explicado que, una vez más, los jueces demuestran que constituyen el colectivo que "más profundamente y de mejor forma conoce la legislación en vigor", y ha añadido que los fiscales y abogados "no suelen guiarse a la hora de tomar las decisiones por los principios que iluminan y rigen en todo caso la actuación de los jueces".
El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Lorenzo del Río, ha afirmado que es una decisión "razonada y razonable para lo que debía enjuiciarse disciplinariamente".
Del Río ha subrayado que el hecho de que los otros siete vocales pretendieran suspender al juez Tirado puede deberse "al desconocimiento de la realidad judicial".
Por su parte, Miguel Ángel Gimeno, de la Asociación Jueces para la Democracia (JpD), ha declarado que habría aceptado la decisión del CGPJ "fuera cual fuera", aunque ha insistido en que conviene reflexionar sobre "los errores que se han cometido".
"Hay que pedir disculpas por las disfunciones que se han producido", ha explicado Gimeno, "pero debemos hacerlo todos los que participamos en la Administración de Justicia y no sólo algunos".
Para el portavoz de JpD, el caso ha sido "peculiar, porque ha habido una situación realmente luctuosa y porque además algunos políticos han decidido tomar partido".
Tras haberse hecho pública la decisión del Consejo, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha anunciado a Efe que enviará al Parlamento una reforma del régimen disciplinario de los jueces para evitar que se repitan casos como éste, una reacción que ha sido poco comprendida por las asociaciones.
García ha considerado que la actitud del ministro denota "una penuria intelectual absolutamente sideral, y absolutamente hipócrita y políticamente interesada", mientras que Del Río ha dicho que es "una salida de tono" y que Justicia no puede adoptar sus decisiones "en caliente" sobre reformas judiciales, cuando hay otras reformas "mucho más urgentes".
Por su parte, Gimeno ha dicho que el ministro "es muy libre de tomar las decisiones políticas que crea conveniente", aunque ha hecho hincapié en que este tipo de reformas deben hacerse "con la proporcionalidad adecuada".
Mientras tanto, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales ha asegurado en un comunicado que "respeta" la decisión del CGPJ, pero que, tratándose de los mismos hechos, la sanción de dos años de suspensión que el Ministerio de Justicia impuso a la secretaria judicial Juana Gálvez "es claramente desproporcionada en comparación con la del juez".
Para esta asociación, esta situación demuestra que "el régimen sancionador de los secretarios debe modificarse".
