Andalucía acordó con otras cinco comunidades socialistas reclamar al Gobierno un gran pacto de Estado para impulsar la nueva ley de régimen local, cuyo desarrollo deberá ser "simultáneo" a la reforma de las normas autonómicas. El objetivo es que el nuevo marco esté cerrado en los dos próximos años.
La reforma de la Administración Local es uno de los grandes asuntos que la Junta tiene que resolver en esta legislatura. Sobre la mesa, dos leyes: la que rige la participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad y la ley andaluza de régimen local. El Gobierno andaluz quiere que la aprobación de las leyes autonómicas se haga de forma "paralela y simultánea" al desarrollo de la nueva norma estatal sobre los gobiernos municipales, para evitar que la descordinación genere incertidumbre política.
En este punto coinciden otros Ejecutivos autonómicos. La consejera de Gobernación, Clara Aguilera, se reunió en Sevilla con los consejeros competentes en esta materia de Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura -todos socialistas- para demandar al Ministerio de Administraciones Públicas un "gran pacto de Estado" que impulse la futura ley, que las comunidades confían en que esté cerrada en los dos primeros años del mandato.
Aguilera explicó que, aunque las comunidades tienen realidades "distintas", comparten la pretensión de comenzar el debate ahora -"es el momento oportuno para abordarlo serenamente y sin tensiones electorales", aseguró- y que concluya antes de los próximos comicios locales, en 2011.
Para llegar a un gran acuerdo global, la consejera admitió que la ministra, Elena Salgado, deberá promover un pacto con el PP, "que tiene muchos alcaldes". Por último, matizó que la petición que ayer realizaron las comunidades socialistas debe ser entendida "como una alianza con el Gobierno central" y no como una presión o injerencia.
