La habitual reunión del Ejecutivo andaluz de los martes certificó que la confrontación con el Gobierno de la nación está en un punto álgido. Sobre la mesa varios asuntos que encienden las alarmas económicas y políticas de la coalición andaluza de PSOE e IU. El aplazamiento de la reforma de la financiación autonómica, las tensiones por la puesta en marcha de la nueva ley de educación y las últimas reformas políticas propuestas por Rajoy referidas a la elección directa de alcalde y la reducción del número de aforados, entre otros asuntos elevaron el tono desde Andalucía.
El Gobierno andaluz ya ha mostrado su preocupación porque la última reforma fiscal se haga a costa de las comunidades. No tiene garantías de sus ingresos para 2015 hasta que en el próximo julio el Gobierno salde cuentas con las comunidades e informe de los ingresos, que nutrirán el 90% del próximo Presupuesto. Y teme «nuevas maniobras» del Ministerio de Hacienda en contra de las autonomías.
El pasado lunes la Junta alertó de un sobrecoste de 395 millones de euros por la puesta en marcha de la futura ley de educación y exige que el dinero que destine el Gobierno para el arranque del nuevo curso escolar, en dos meses, que se ha avanzado que llegará en forma de crédito de la Unión Europea no compute como déficit, lo que dificultaría aún más los próximos números. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, arremetió duramente contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que Andalucía ya ha recurrido en los tribunales. Vázquez dijo que la Junta comparte «la inquietud» de padres y madres y calificó la norma como «una salvajada» que beneficia «a las familias con más recursos y la escuela privada». En cuanto a la financión de la ley, aseguró que la propuesta del Gobierno es «una auténtica chapuza» fruto de las prisas y mostró su preocupación porque redunde en el endeudamiento de las comunidades autónomas.
Otro capítulo abierto lo protagoniza la financiación autonómica, por cuya reforma clama la Junta y que el Gobierno aplazó la pasada semana. La Junta confirmó ayer que la Consejería de Hacienda trabaja en un posible recurso de inconstitucionalidad contra el Ejecutivo del PP por aplazar la reforma de un sistema de financiación que, según sus propios cálculos, cuesta mil millones de euros anuales a las arcas andaluzas. Vázquez defendió esta ofensiva judicial como «razonable» a pesar de que el Gobierno andaluz fue de los que apoyó entusiastamente el actual modelo de reparto de los ingresos entre el Estado y las comunidades cuando fue aprobado por el Gobierno de Zapatero. «Es razonable desde el punto de vista jurídico y político, se está penalizando a Andalucía por la aplicación pervertida del sistema», sostuvo el portavoz del Ejecutivo autonómico.
Alcaldes. Pero el gran asunto que ayer hizo encender las alarmas en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, fue la propuesta lanzada el pasado lunes por Rajoy, que avanzó que el PP abordará en su Escuela de Verano un nuevo impulso a su agenda de regeneración política, apostando por temas como la reforma de la ley electoral para propiciar la elección directa de alcalde, la posible reducción de aforados, la supresión de municipios y diputados o la reforma de la administración. El PP se reserva, de momento, los detalles. El Gobierno andaluz se replegó contra estas propuestas advirtiendo de que son asuntos que afectan a la arquitectura institucional del Estado y no deben abordarse «en un campamento de verano del PP» sino en el Congreso mediante «diálogo y consenso». Vázquez advirtió contra una reforma unilateral hecha «con autoritarismo y el rodillo de la mayoría absoluta». La elección directa de alcaldes implica que gobierne la lista más votada, un escenario que políticamente beneficia al PP en un momento en el que las previsiones apuntan a una caída electoral del partido en el Gobierno. En Andalucía, donde las alianzas entre PSOE e IU permitirían según los sondeos descabalgar al PP de algunas de las ciudades más importantes, esta reforma podría cambiar de lleno el futuro mapa municipal. Los comicios municipales serán en mayo de 2015.
El PSOE ha apostado abiertamente en otras ocasiones por la reforma electoral en clave municipal. De hecho, en 1999 ya los socialistas hicieron una propuesta sobre la elección directa de alcalde mediante un sistema de doble vuelta. Al portavoz del Gobierno andaluz le recordaron ayer cuando exigió consenso para abordar estos asuntos que la Junta aprobó en solitario la pasada legislatura una reforma de la ley electoral andaluza que impide que los alcaldes puedan ser también diputados autonómicos. Esa reforma fue recurrida por el PP y paralizada por el Constitucional a la espera de una resolución firme. El portavoz del Gobierno andaluz se refirió a este asunto como un cambio «puntual» y volvió a defender la idea de «una persona, un cargo». El Parlamento andaluz aborda también una reforma de la ley electoral en el seno de un grupo de trabajo. Los socios de Gobierno de IU son los que más presionan por este cambio para garantizar una mejor representación a los partidos minoritarios. La pasada semana precisamente la Cámara autonómica rechazó una reforma en ese sentido defendida por UPyD gracias al escaño 110, que permitió llevar con 58.000 firmas ese debate en el Parlamento. El PSOE ha supeditado la reforma en Andalucía a un acuerdo con el PP.
Rajoy avanzó ayer que las medidas de «regeneración democrática» que quiere impulsar se trasladarán a las Cortes el próximo mes de septiembre. El Gobierno ha apostado por el consenso y ha pedido el «esfuerzo de todos» para «intentar corregir los errores en el sistema» y abordar estas reformas.
