El pasado jueves la asociación Por Nuestro Betis celebró su cuarta asamblea desde su constitución en 2007. En la misma, el presidente Pepe Tirado informó sobre las actuaciones de dicha agrupación en los últimos meses, en temas tan candentes de la actualidad verdiblanca como es el procedimiento abierto contra el máximo accionista de la entidad, Manuel Ruiz de Lopera, por presunto delito societario y de apropiación indebida. También explicó las actuaciones de la asociación que preside en el llamado caso Xerez.
-¿Cuáles fueron las actuaciones de PNB en el caso Xerez?
-Cuando se produjo la transformación en sociedades anónimas, el CSD dejó el control de las mismas en manos de los mismos gestores, por lo que se produjeron incumplimientos legales, a los que quizás el Betis no se ajeno. Por ello, cuando propusimos ciertas investigaciones sobre el accionariado del Xerez, el presidente del Betis, señor León, nos pidió que no siguiésemos adelante en esta tarea, que ya se solucionaría, por lo que parece que el accionariado del Betis tampoco está muy claro.
-¿Cómo marcha la instrucción de la querella puesta contra Ruiz de Lopera?
-Hay dos operaciones que a la jueza le llaman la atención. Una es un préstamo de 308 millones que firma el Betis con las Cajas para pagar una deuda con la Seguridad Social y con Hacienda, antes de entrar en el Plan de Saneamiento. En ella, algunos directivos que avalan la operación, entre ellos Lopera, se contravalan con un pagaré del Banco de Andalucía por la misma cantidad. Un dinero que presuntamente hacen efectivo o a través de pagarés o con un pagaré del Banco Hispano Americano, que lo ingresan en la cuenta como acciones y ellos se subrogan en la obligación del préstamo del 30 de junio de 92. Por tanto, FARUSA (Familia Ruiz SA) le compra a esos seis avalistas esas acciones que le dan los derechos políticos, pero resulta que estaban adquiridas con dinero del propio Betis. Entonces, si el club tenía tesorería, lo que tenía que haber hecho es pagar el propio préstamo pero no financiar las acciones de un tercero.
-¿Es ese el motivo por el que se alarga tanto el proceso?
-La querella fue presentada primero (por la Agrupación Béticos por el Villamarín) por delito societario y nosotros añadimos luego el presunto delito de apropiación indebida y la posibilidad de que fuese un delito continuado, y así la jueza en su procedimiento lo ha estimado. Llevó el tema hasta el año 93 en un primer auto, pero parece que hay antecedentes, por lo que se ha ampliado la investigación a los años 1991 y 1992.
-¿Ahora, qué esperan?
-Pues una pronta terminación del informe pericial y que la jueza tome la decisión, si hay auto de imputación, si no lo hay... Creo que habrá novedades muy pronto.
