El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, condenó el "injusto y cruel enjuiciamiento social, mediático y político" que está padeciendo el juez Rafael Tirado, expedientado por haberse demorado en el encarcelamiento del presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés.
Gallardo reclamó que el Ejecutivo "respete escrupulosamente la independencia del Poder Judicial", pues considera "lamentable que miembros del Gobierno se pronuncien públicamente sobre un expediente que corresponde resolver al órgano de gobierno de los jueces" con "absoluta independencia, sin presiones de ningún tipo y con exquisito respeto a la legalidad aplicable".
Para el decano de los abogados sevillanos, "esas injerencias gubernamentales en las competencias del Poder Judicial son inadmisibles en un Estado de Derecho y pretenden focalizar la atención en el magistrado para eludir las graves responsabilidades en materia de justicia de nuestros gobernantes".
La libertad de que gozaba Santiago del Valle, pese a tener pendiente una condena por abusar de su propia hija, constituye un "desafortunado suceso" que ha supuesto "todo un grito de alarma sobre el deficitario estado de la maquinaria judicial española", según Gallardo.
Por ello, a su juicio, debe propiciar que "por fin se afronte una reforma en profundidad de la Administración de Justicia, como los abogados y otros colectivos jurídicos venimos reclamando desde hace lustros".
Gallardo manifestó también que el Colegio de Abogados de Sevilla ha apoyado desde el principio al juez Tirado y continuará haciéndolo, porque les consta que es "un buen profesional y que desgraciadamente esa misma concatenación de deficiencias podría haberse producido en cualquier otro juzgado".
Añadió que no es justo que se le quiera responsabilizar a él personalmente del mal funcionamiento del servicio público judicial cuando en este caso "ha fallado todo el sistema, a causa de su anticuada e ineficaz estructura organizativa, sus carencias endémicas y la evidente insuficiencia de medios de toda índole que la justicia padece".
El decano de los abogados sevillanos considera necesario que todos respeten "los derechos como ciudadano" del juez Tirado y confíen en las instituciones, porque "es manifiestamente injusto que desde instancias políticas y de otra índole se le esté condenando públicamente, cuando sólo el Poder Judicial puede y debe enjuiciar su actuación para decidir qué cuota de responsabilidad pudiera corresponderle".
