El número de andaluces que han cobrado el salario social durante 2013 se ha duplicado. En total 55.577 andaluces (22.500 más que el año anterior) han cobrado esta ayuda de emergencia, destinada a familias que han agotado ya todas las prestaciones por desempleo y no tienen recursos. Hay otras 10.000 solicitudes esperando a ser tramitadas. El Gobierno andaluz ha elevado hasta los 100 millones de euros el presupuesto para esta ayuda que es lenta y compleja de tramitar.
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, admitió ayer que los datos revelan una situación muy cruda para muchas familias y defendió que los tiempos de espera para cobrar este salario se han reducido hasta los 2,7 meses. El Defensor del Pueblo ha alertado de los retrasos en la tramitación, que en ocasiones se demora casi un año a pesar de que la familia que acude a solicitar este salario social está en situación de emergencia.
La consejera admitió que los servicios sociales, que son los que en la mayoría de los casos están gestionando estas ayudas, están desbordados y lamentó que en muchas ocasiones los expedientes que llegan a la Junta están incompletos. Se reclaman requisitos muy exigentes y mucha documentación para acceder a este salario. Es verdad que cuando una familia lo solicita lo necesitaría al día siguiente, admitió Sánchez Rubio, que se comprometió a seguir acortando los plazos para cobrar esta ayuda.
El llamado Ingreso Mínimo de Solidaridad asciende a los 397,67 euros mensuales, que pueden incrementarse en 51 euros por cada miembro de la familia hasta un máximo de 641 euros que se cobran por un tiempo máximo de seis meses. En Andalucía, el Gobierno de PSOE e IU se ha comprometido a regular por ley esta ayuda para convertirla en un derecho y el Parlamento andaluz trabaja en la renta básica.
Son algunos de los datos destacados del balance que ofreció ayer la Junta de Andalucía ocho meses después de aprobar el decreto de lucha contra la exclusión social. Un total de 150.000 andaluces se han beneficiado de estas medidas excepcionales para luchar contra la pobreza que avanza en una comunidad con un 36,7% de paro y millón y medio de desempleados. El Gobierno andaluz prorrogará este plan excepcional durante 2014 con 164 millones de euros.
Entre las medidas puestas en marcha, se destinaron 60 millones de euros para contrataciones realizadas por los ayuntamientos. Estos contratos, destinados a desempleados que llevaran más de un año en paro, sin ingresos y con cargas familiares, han beneficiado a unos 26.000 andaluces, según las estimaciones. El 46,4% de los municipios ya han realizado 11.690 nuevas contrataciones y quedan 409 municipios por ofrecer sus datos. Solo tres ayuntamientos andaluces no se han acogido a este programa. El tiempo de los contratos ha sido ha sido de mes y medio podían ir de los quince días a los tres meses. En la mayoría de los casos, según la Junta, estos empleos han permitido activar de nuevo las cotizaciones en la Seguridad Social y generar nuevas ayudas al agotarse el tiempo de trabajo. Se han destinado otros 20 millones de euros para mantener 2.200 empleos de ayuda a domicilio dentro de la ley de dependencia. En cuanto a las ayudas para comedores sociales y bonos de comedor para niños y ancianos, se han destinado 16 millones de euros. Un total de 16.749 niños se han acogido a las tres comidas diarias en los comedores escolares de un millar de colegios. El servicios de cátering a domicilio ha beneficiado a 8.700 mayores y en los centros de día se han dado 119.208 comidas. La Junta mantendrá todas las ayudas hasta que empiece a generarse empleo y mejore la situación de las familias.Se reforzará lo que haya funcionado mejor y se revisará lo que haya dado peor resultado.
