Los principales países europeos se apresuraron ayer a poner cifras a las decisiones adoptadas en la minicumbre de París del domingo. En España, tras un Consejo de Ministros extraordinario, se dio luz verde para conceder este año avales a la banca por un importe máximo de 100.000 millones de euros y abrir la puerta a la presencia pública en el capital de las entidades.
Ambas iniciativas se incluyen en un decreto ley aprobado ayer en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, con objeto de su entrada en vigor hoy, si bien el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, insistió en que el segundo planteamiento es una medida "preventiva" y con carácter "excepcional" que, de momento, el sistema español no necesita.
En cualquier caso, Zapatero explicó que los títulos que se podrían adquirir, siempre a petición de los bancos, son los emitidos por entidades de crédito residentes en España y "con una actividad significativa", y que se haría para reforzar el capital de las entidades si así lo necesitan, previo informe del Banco de España.
En el caso de las cajas de ahorros, fuentes del Ejecutivo explicaron que la vía para la recapitalización sería la de las cuotas participativas para aquellas que las tengan, mientras que para el resto el esquema todavía no se ha decidido.
En cuanto a los avales, que se podrán otorgar hasta finales de 2009, el presidente señaló que se harán sobre operaciones que lleven a cabo entidades de crédito residentes en España a partir de la entrada en vigor de este decreto, entre las que citó las emisiones de pagarés, los bonos y las obligaciones, con un plazo máximo de cinco años. Además, se podrán extender a otros instrumentos como depósitos interbancarios.
Estas medidas, enmarcadas dentro del plan conjunto acordado el pasado domingo por los gobernantes de los quince países del Eurogrupo, se ajustan a "los principios de intervención oportuna y limitada en el tiempo, protección a los intereses de los contribuyentes y respeto a las reglas del mercado interior", aseguraron fuentes del Gobierno.
Las mismas fuentes explicaron que los avales son una medida complementaria a la del fondo para adquirir activos de calidad y, en este sentido, consideraron que habrá entidades más partidarias de uno u otro modelo.
Al igual que con el fondo de compra de activos, el presidente del Gobierno explicó que los avales no tendrán ningún coste para el contribuyente, aunque sí lo tendrá para las entidades, ya que devengarán una comisión "que refleje el riesgo que asume el Estado".
El Ministerio de Economía y Hacienda será el encargado de otorgarlos y, según informaron fuentes del Ejecutivo, lo hará teniendo en cuenta unos requisitos en los que podrían incluirse propuestas de solvencia del Banco de España, así como calificaciones crediticias de las entidades, o indicadores de mercado, reseñaron.
Para 2009, el Gobierno no tiene todavía una estimación de la cifra de concesión de avales, ya que, explicó Zapatero, el Ministerio de Economía tiene que hacer aún una valoración "precisa".
Según el presidente del Gobierno, esta medida, así como las demás aprobadas para apoyar al sistema financiero supondrán un aumento de la deuda del Estado, aunque, recordó, España parte de unos niveles muy bajos, ya que no alcanza el 40% mientras que la media de la Unión Europea está en torno al 60%.
El presidente del Gobierno reiteró que las medidas están siendo recibidas "muy favorablemente" por el sector con lo que confía en que sirvan para "cambiar el clima y favorecer la recuperación de la actividad".
En este sentido, fuentes del sector de las cajas de ahorros reforzaron ayer su confianza en las medidas del Gobierno de apoyo al sistema financiero, ya que ahora están "coordinadas" con los países de la Unión Europea.
El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, expresó su convencimiento de que las medidas aprobadas "son acertadas y van en la dirección adecuada para mejorar la actual crisis económica". En un comunicado, valoró muy especialmente la coordinación a la que se han comprometido los países de la Zona Euro, que espera se traduzca "en una mejora de las posibilidades de financiación de las empresas españolas, y de forma especial de las pymes", para evitar que muchas desaparezcan y se destruyan miles de puestos de trabajo.
Por su parte, el sindicato CCOO pidió que las entidades financieras que se beneficien de estas medidas asuman algunas contrapartidas, como la rebaja del tipo de interés de referencia de los créditos hipotecarios en el plazo de un mes para que sea igual al tipo de intervención del Banco Central Europeo (BCE). Explicó que "no es justo" que las familias españolas sufran los efectos negativos de una "mala gestión" bancaria asumiendo los pagos de sus hipotecas con el Euríbor, cuando está más de un punto por encima del tipo decidido por la autoridad europea.
Para el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, estas iniciativas deben incorporar las garantías necesarias para evitar que el dinero público "no vaya sólo a soportar los beneficios de las entidades financieras", así como que los Presupuestos para 2009 se adapten a esta situación.
Si a la de España, se suman las cantidades aportadas por otros países europeos como Alemania, Francia, el Reino Unido, Austria y Portugal, el montante del rescate bancario a este lado del Atlántico se eleva hasta los 1,8 billones de euros, más del triple de los 700.000 millones de dólares (480.000 millones de euros) del plan diseñado por EEUU.
