La Fiscalía de Medio Ambiente ha incluido una severa reprimenda a los ayuntamientos andaluces en su memoria de 2009.
No entiende por qué no ejercen sus competencias para evitar los ruidos que afectan a sus vecinos, no comprende por qué no han llegado al Ministerio Fiscal casi ninguna denuncia de ningún consistorio sobre este aspecto y no aprueba que las corporaciones locales dificulten la obtención del pruebas al fiscal a la hora de abordar una querella de ciudadanos sobre contaminación acústica en su municipio.
La Fiscalía ha advertido de que los ayuntamientos andaluces "no adoptan medidas correctoras que protejan a los vecinos que soportan niveles excesivos de ruidos en sus viviendas" y ha mostrado su inquietud por el hecho de que "siguen sin llegar prácticamente ninguna denuncia por ello a la Fiscalía o a los Juzgados de Instrucción". En la memoria, el Ministerio Fiscal indica que durante 2009 "se han incoado sólo 12 procedimientos por contaminación acústica y únicamente uno de ellos lo ha sido a instancia de la administración local originariamente encargada de las inspecciones, controles y del ejercicio de la potestad sancionadora", competencia derivada de las ordenanzas municipales sobre ruidos, así como de las legislaciones estatal y autonómica, informa Europa Press.
Del mismo modo, señala que, como se ha podido comprobar al solicitar copia de los expedientes administrativos incoados por exceso de ruido, son una "excepción" los ayuntamientos que cuentan con pruebas sonométricas, los que acuerdan el precinto de aparatos emisores de ruido o los que ordenan suspender la actividad ilegal. Además, añade, son una "rareza" los que ejecutan lo acordado. "Formalmente parece perseguirse la actividad irregular, pero materialmente no se adoptan medidas correctoras que protejan a los vecinos que soportan la emisión excesiva de ruidos en sus viviendas", asegura el Ministerio Público. Hay que destacar que la contaminación acústica es el principal problema ambiental que identifican los ciudadanos en el ámbito municipal, según el Ecobarómetro de Andalucía.
Asimismo, la Fiscalía lamenta el "retraso" que supone para la obtención de pruebas que su personal tenga que dirigirse a los ayuntamientos para que informen sobre si han concedido licencia para la actividad a la que aluden los denunciantes, así como las medidas de control y correctoras que hayan tenido lugar. "Cuando se comienzan a investigar los hechos, como regla general, hace meses o años que vienen produciéndose", subraya.
Nueva normativa. La Consejería de Medio Ambiente, aprobará en breve un nuevo reglamento contra la contaminación acústica que extenderá a todos los ayuntamientos, independientemente de su población, la obligación de elaborar ordenanzas municipales contra el ruido, precepto que hasta ahora sólo se aplicaba a los municipios de más de 20.000 habitantes.
