Cerrar su empresa o seguir trabajando con el riesgo de la Policía Local les decomise la mercancía y les sancione. Esa es la disyuntiva a la que se enfrentan desde hoy una treintena de empresas autorizadas para la gestión de aceite usado con la entrada en vigor de la ordenanza de limpieza, que exige a los bares la entrega de éste gratuitamente a una sola empresa, Biouniversal, adjudicataria en un concurso público convocado por Lipasam. La asociación que aglutina al sector, Geregras, ya impugnó el concurso ante la Comisión Nacional de la Competencia, el juzgado conencioso-administrativo y el TSJA por entender que se convocaba sin base jurídica y a medida para que Biouniversal se lo llevar, un litigio que aún no ha sido resuelto.
Ahora, con la entrada en vigor hoy de la ordenanza de limpieza que sustenta el concurso, impugnarán ésta por la vía contencioso-administrativa la normativa (concretamente el artículo 102 de la misma por el que Lipasam se hace con la gestión de la recogida del aceite usado que antes los bares vendían a las distintas empresas autorizadas) y solicitarán al juzgado la suspensión de la misma.
Así lo han decidido los responsables de las empresas del sector en la asamblea nacional de la Asociación Nacional de Gestores de Residuos y Grasas Comestibles (Geregras) celebrada hoy en Sevilla, en la que también han anunciado movilizaciones aún por concretar y repartido entre los responsables de las empresas -una treintena en Sevilla con unos 300 empleados- un "protocolo de actuación ante cualquier requerimiento de la autoridad municipal por la recogida y transporte de aceite usado", según explicó el secretario general y responsable jurídico de Geregras, Carlos López.
Y es que desde hoy si un bar entrega el aceite a cualquier otra empresa distinta de Biouniversal, ambos incurren en una infracción administrativa con la nueva ordenanza en la mano, pero las empresas aducen que lo contrario las aboca al cierre. El protocolo fija que no se enfrenten a los agentes ni se nieguen a entregarles la mercancía si se la requisan pero facilita un modelo de denuncia para presentarla en el juzgado de guardia al considerar que se trata de una actuación sustentada en una normativa que ellos consideran ilegal y cuya impugnación será formalizada la próxima semana en los juzgados.
De momento, el litigio abierto por la convocatoria del concurso y la adjudicación no ha sido resuelto aunque en este caso también se pedía la suspensión y el juez la desestimó. Con todo, Geregras no descarta incluso abrir nuevas vías además de la contencioso-administrativa para lo cual está recabando información sobre la empresa adjudicataria y el contrato con el fin de determinar si la administración local ha podido dictar una resolución injusta a sabiendas.
Precisamente la convocatoria del concurso público es lo que de momento ha salvado al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, de una querella por prevaricación como la presentada por Geregras contra la alcaldesa de Puerto Real, que ya ha sido imputada por adjudicar mediante un mero convenio la gestión del aceite usado también a Biouniversal. La cuestión es si el concurso y la adjudicación convocada en Sevilla cumplía las garantías legales así como la ordenanza en que se sustenta. Geregras entiende que no porque se modificó sin permitir alegaciones y sin que concurriera la demostración de deficiencias en el servicio prestado hasta ahora por las empresas a las que los bares daban el aceite a cambio de contraprestraciones económicas o en productos y servicios de limpieza, que era el único caso en el que la anterior ordenanza justificaba que Lipasam asumiera la gestión.
