La Audiencia Provincial de Cádiz permitirá que siga en libertad el matrimonio de origen mauritano condenado por obligar a su hija a casarse con 14 años y a mantener relaciones sexuales con un hombre de 40. Desestima así la petición de prisión realizada por la Fiscalía que ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que haya represalias contra la menor.
El tribunal considera que no hay motivos para adoptar esta medida a la que se procederá si se hace firme en el Tribunal Supremo la sentencia que condena a 17 años de prisión a la madre, Hawa Meint Cheik El Bou, y a un año y medio de prisión al padre, Mohamed Ould Abdallahi. El auto considera que no están justificados los argumentos del Ministerio Público que hizo esta solicitud ante un posible riesgo de fuga y, sobre todo, para evitar que la joven, que tiene ahora 16 años, pueda volver a encontrarse con sus padres.
De esta forma, la fiscal encargada del caso, Lorena Montero, intentaba impedir que la gravedad de las penas a sus familiares más directos "pudiera provocar una reacción de venganza hacia la víctima o hacia la familia con la que convive". En ese sentido, el auto señala que la prohibición que tiene Hawa de acercarse y comunicarse con su hija la "protege suficientemente de cualquier acción que quisiera ejecutar".
Esta inquietud aumenta, según la Fiscalía, después del reciente encuentro entre madre e hija en el instituto donde estudia la menor. La sala entiende que la mujer ha explicado su presencia en el centro educativo para atender a una llamada del director sobre sus otros dos hijos. El traslado de ambos menores a Mauritania ha sido otro de los argumentos expuestos por la fiscal porque afirma que se demuestra la falta de arraigo de la pareja y el peligro de huida. Aún así, el tribunal entiende que su marcha se ha producido para evitar a los dos niños la "situación incómoda" provocada por la condena.
La sala ha ordenado que la pareja se presente semanalmente ante la Audiencia, el juzgado o la comisaría de Policía más próxima a su domicilio. Considera suficiente esta medida para asegurarse de la presencia en España de los condenados. En el caso de la mujer, el auto incide en que no ha faltado a ninguno de los llamamientos judiciales y en que se le ha retirado el pasaporte. Aún más claro lo ha tenido al rechazar el encarcelamiento de su marido porque la pena, según indica, "no es tan extensa para que le incite a darse a la fuga".
La fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Ángeles Ayuso, insistió ayer en la gravedad de los hechos que han derivado en una condena de 17 años a la madre que, según dijo, podría haber sido mayor. "Las penas son las legalmente previstas y no se han puesto en su extensión máxima. Lo que pasa es que no se trata de un solo delito, es un cúmulo de varios", señaló.
