Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado han asegurado durante su comparecencia ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía que se produjo "un descontrol absoluto" en el pago de las ayudas que indaga Mercedes Alaya. Según el acta de su comparecencia, consultada por Europa Press, los peritos realizaron dicha afirmación cuando la instructora les preguntó sobre "cuáles fueron las consecuencias previsibles del uso inadecuado de las transferencias de financiación", a lo que contestaron que "la primera consecuencia es que el procedimiento de concesión de subvenciones se queda sin fiscalizar". "A partir de ahí pueden venir los incumplimientos que realmente hubo, y se quedan sin fiscalizar porque el interventor de la Consejería de Empleo lo único que fiscaliza es la transferencia de financiación, es decir, que exista crédito de transferencia de financiación, que el dinero vaya al IFA y que haya un plan de Tesorería acordado con la Dirección General de Tesorería de la Junta", han dicho. Así, han añadido que "obviamente esos requisitos no tienen nada que ver con el procedimiento de concesión de subvenciones que establece, además de la necesidad de créditos presupuestarios que estén ordenados por autoridad competente", que "es necesario que existan bases reguladoras de la subvención, que estén reguladas las obligaciones del beneficiario, etc, y en definitiva todos los requisitos que exige la Ley General de Subvenciones como los Reglamentos de Subvenciones de la Junta, y por supuesto la Ley General de Hacienda Pública de la CCAA, y demás normativa de desarrollo". LAS TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION Al hilo de ello, los peritos han explicado que "es un tema que trasciende del puro Derecho Administrativo", ya que la Administración "se rige por las normas de Derecho Administrativo" y el "incumplimiento de tales normas ha llevado al descontrol absoluto en el pago de las ayudas", añadiendo que "lo que era esa falta de control, esa cuestión que parece puramente formal o administrativa como es que el Interventor fiscalice, habría evitado que las ayudas se dieran sin control alguno, llegando a la situación que se conoce por estas diligencias previas y por la prensa". Sobre las transferencias de financiación, los peritos de la Intervención del Estado han precisado que "no hay un concepto presupuestario más regulado que éste", de manera que "en ningún caso pudieron utilizarse para el pago de subvenciones sociolaborales excepcionales ni para ninguna otra finalidad", señalando que "es cierto que es contrario a la Ley que IFA/IDEA recibiera transferencias para el pago de subvenciones del programa 31.L". "Como han dejado claro 19 Leyes de Presupuestos, la Ley 15/2001 y la Ley 8/1997", dichas transferencias "sólo pueden destinarse a la cobertura de pérdidas de una entidad, sin más", han subrayado los peritos, quienes han agregado que "además de estas leyes, los dos reglamentos de subvenciones de la Junta, uno de 2001 y otro de 2010, dicen lo mismo", mientras que "14 órdenes de elaboración del Presupuesto de la Consejería de Hacienda dicen lo mismo". Asimismo, "dos instrucciones conjuntas de la Intervención General y de la Dirección General de Presupuesto dicen lo mismo, y por si fuera poco hay un informe de la Intervención General y otro de la Dirección General de Presupuestos, explicando detenidamente la naturaleza y contenido de las transferencias de financiación". "Por tanto, no cabe duda de cuál debe ser el destino de dichas transferencias", han zanjado. LAS "ALTAS JERARQUIAS" DE LA JUNTA Al ser preguntados por la magistrada sobre si las "altas jerarquías" de la Junta conocieron la "falta de regulación de las ayudas sociolaborales y las consecuencias del uso inadecuado de las transferencias de financiación", los peritos han aseverado que el interventor general de la Junta "avisa de los problemas que están teniendo las transferencias, que impiden el reintegro e impiden la fiscalización previa de las operaciones que encubren". "Esto es comunicado al Consejo de Gobierno y en base a este documento, entre otros, adopta el acuerdo para el año 2007 y sucesivos, ya que adopta carácter permanente en ese año, y el Consejo de Gobierno toma el acuerdo de establecer el Plan de Auditoría para el año siguiente, concretamente para el 2007 y sucesivos; ese es el conocimiento que al menos tenía", han puesto de manifiesto los peritos. Los peritos, que ya aseguraron que "es imposible" que el Parlamento conociera el fraude de los ERE y que las transferencias de financiación se estuvieran empleando para otro fin distinto porque la información que les llegaba era "confusa y errónea", han añadido en su comparecencia que "se indujo a error" al Parlamento ya que "se falseó" el presupuesto del IFA/IDEA. La comparecencia continuará el próximo lunes, a partir de las 10,00 horas.
