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Los socios rechazan negociar con el PP el Presupuesto y garantizan «solvencia»

PSOE e IU, después de semanas aireando sus diferencias, disparan su artillería contra el Gobierno de Rajoy, aunque asuntos como el fraude de la formación siguen abriendo brechas.

el 04 sep 2014 / 10:30 h.

Zanjado. PSOE e IU se afanan en cerrar la puerta a un posible adelanto electoral de los comicios andaluces a este otoño si la negociación del próximo Presupuesto no llega a buen puerto. Ese escenario, que dibujó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y que ahora los socios en el Ejecutivo autonómico insisten en alejar, ha llevado al PP a ofrecerse como garante de la «estabilidad» en Andalucía y a abrir la posibilidad de negociar y pactar el próximo Presupuesto autonómico. Ayer, esa oferta lanzada por el presidente de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno, fue directamente rechazada por los partidos del Gobierno con un aviso a la oposición. Están «en las antípodas». En palabras del portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez: «Si el PP quiere ayudar lo que tiene que hacer es irse a Madrid y decirle a [Mariano] Rajoy que mire a Andalucía y deje de humillarla y castigarla». Los socios en la Junta, que se habían dedicado las últimas semanas a airear públicamente sus diferencias, han visto los peligros de exponer esas grietas del pacto ante la opinión pública y ahora concentran su artillería verbal contra el Gobierno central y el PP andaluz. El culpable, según el relato del Ejecutivo autonómico, de tener que elaborar un Presupuesto con 600 millones de euros menos, incidieron ayer, es Rajoy por no cambiar un modelo de financiación que consideran que maltrata a Andalucía y por no ajustar correctamente las liquidaciones de 2012. Jiménez se burló de la oferta de pacto del PP: «Hoy pide elecciones, mañana dice que hay que agotar la legislatura y el otro que hay que destituir a todo el Gobierno». Una oposición que calificó «de chirigota». También el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, de IU, defendió la «solvencia» del Gobierno de coalición para elaborar los presupuestos y minimizó la oferta del PP. Un gesto, consideró, «de ruido» y que descalificó porque no tiene «verdadera voluntad de participar», según dijo. En el mismo sentido, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, volvió a insistir en que no contempla en su agenda un «escenario» sobre una posible crisis de gobierno y adelanto electoral en Andalucía, asegurando que su formación no se entretendrá en «especulaciones». Los socios intentan no marcar líneas rojas a las puertas del meollo de la negociación ni exponer condiciones que de no cumplirse obligarían a un adelanto electoral que, según todos señalan ahora, nadie quiere pero que ha puesto especialmente nerviosos a IU y PP, cuyos líderes todavía necesitan despegar en conocimiento entre los andaluces antes de enfrentarse a las urnas. Aunque ahora todos se abonen al mensaje de la estabilidad, los casos de corrupción que agitan la agenda andaluza sigue dando quebraderos de cabeza a quienes se sientan en San Telmo. El portavoz de los socialistas descartó 24 horas de antes de que el consejero de Educación, Luciano Alonso, comparezca hoy en la Cámara para dar los datos de la auditoría interna sobre los cursos de formación, que se vaya a abrir una comisión de investigación sobre ese asunto. No lo consideró necesario. «No hay razones», aseguró Jiménez. Además se mostró «seguro» de que sus socios de IU «piensan igual». Sus declaraciones respondían a la puerta que dejó abierta el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, que no ha rechazado que su partido apoyen una comisión en la Cámara sobre este asunto. Se mostró convencido de que este partido también confía en una respuesta «implacable» de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sobre este asunto. «Si no fuera así», añadió, «no estaría en el Gobierno». Por su parte, el PP acusó ayer al Ejecutivo de haber ocultado a la oposición las exoneraciones aprobadas en 2012 para el sindicato UGT y que ahora se han hecho públicas. El portavoz popular, Carlos Rojas, denunció que el Gobierno «miente» al Parlamento para «desvincular» a Díaz del presunto fraude.

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