Tenía 15 años cuando fue ingresado en un centro de protección terapéutica en Benalup (Cádiz) donde, asegura, durmió 15 días en una celda de aislamiento y fue sometido a un registro anal. El diagnóstico para su ingreso: "rabietas ante frustraciones". Tres meses después, huyó dejando una carta en la que amenazaba: "Si vuelvo, ¡me mato!". Esta frase da título al informe que presentó ayer Amnistía Internacional (AI) en el que denuncia la violación de los derechos de los menores en centros de Andalucía y de todo el país.
Este caso anónimo es sólo uno de los que recoge el texto en el que la ONG alerta de "abusos" tales como la existencia de celdas de aislamiento, malos tratos físicos y psicológicos o medicación forzosa a los menores. Detrás de estas irregularidades está, según AI, una laguna en la legislación española que "favorece" la "impunidad" y un "número significativo de abusos". AI denuncia también que muchos de los internamientos se realizan "sin una autorización judicial ni diagnóstico médico" y que los familiares de los menores no tienen la suficiente información.
El estudio se ha realizado en las comunidades de Andalucía, Madrid y Cataluña, que concentran el 55% de estos centros, hasta donde llegan menores con problemas de conducta y en situación de exclusión social a petición de sus padres o derivados de otros servicios, en el caso de los que están bajo tutela de la administración.
Aunque la mayor parte de los supuestos abusos que apunta el informe se ubican en centros de Madrid, aparece también el testimonio de la andaluza Sara Casas Hernández, que hoy tiene 25 años y que desde los seis vagó por varios centros hasta desembocar en el Dulce Nombre de María, en Málaga, a los 15. Allí, según aseguró a Amnistía Internacional, pasó "días atada a una silla y amordazada". Actualmente, Sara lucha por recuperar la custodia de sus hijos, tutelados como ella en su día por la Junta de Andalucía.
Acompañando en Sevilla a Carlos Sanguino y Raúl Villalba, los miembros de AI Andalucía que presentaron el informe estuvo también la madre de una menor que asegura haber sufrido abusos en el centro de Hornachuelos (Córdoba) a pesar de que, dijo, la menor estaba embarazada.
Nada más conocerse el informe, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, que dirige Micaela Navarro, emitió un comunicado asegurando que los centros andaluces "garantizan el cumplimiento escrupuloso de los derechos que asisten a la infancia, tal y como establece la normativa internacional, estatal y regional" y remitió al informe presentado este mismo año por el Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica, y en el que tras visitar tres centros de la comunidad hizo una valoración "general positiva, tanto en lo que respecta al estado de las instalaciones, como al tratamiento que los profesionales dispensan a los menores y a la opinión de éstos sobre su estancia en los centros".
En los mismos términos se pronunció ayer el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que dijo del informe de AI que es "excesivo" y "falto de rigurosidad", al menos en lo que a Andalucía se refiere. Según relató, de las continúas visitas a estos centros le constan "algunos problemas" aunque lejos de las irregularidades de las que habla AI.
La ONG reclamó ayer al Ministerio Fiscal que investigue todos los centros así como las denuncias presentadas.
