M.Ureta / I.Carretero
Se titula "propuesta base para el acuerdo" y a eso se ciñe el documento tan esperado sobre financiación autonómica que el Gobierno presentó el martes. No aclara cuánto dinero adicional pondrá el Estado ni tampoco cómo se van a aplicar algunos nuevos criterios. Las cuentas están por ajustar.
En el PP dicen que la propuesta "huele a sardana" mientras que ERC sostiene que es "el modelo de Chaves". Mientras Cataluña está pendiente en estos días de cómo se garantiza que no pierde posiciones en el ranking nacional una vez realizada su contribución al conjunto del sistema, las mayores incógnitas que afectan directamente a Andalucía tienen que ver con los recursos extra que recibirá y el modo en que se aplica la ponderación de población.
Recursos extra. 114.775 dependientes con prestación, la baza andaluza.
Para corregir el déficit de financiación de algunas autonomías, el Gobierno hará lo que decía al principio que no iba a hacer: poner más recursos. Ese dinero adicional -que procederá del endeudamiento del Estado- lo recibirán las comunidades fundamentalmente en función de su población y del crecimiento de ésta desde 1999.
Es éste el principal mecanismo a través del que se primará a las comunidades con economías más dinámicas por una razón sencilla: han estado prestando servicios a un buen número de habitantes no reconocidos hasta ahora. Cataluña (la segunda con más censo y con un aumento entre 1999 y 2006 de casi el 15%) saldrá bien parada, pero también Madrid o Valencia, muy pobladas y con importantes aumentos. Andalucía tiene más habitantes, pero como la variación ha estado en torno a la media (es más, entre 1999 y 2996 estuvo dos puntos por debajo, con un 9,18%) no sumará demasiado por esta vía.
El documento incluye otras variables para distribuir el cheque extraordinario: la población dependiente, la integración de inmigrantes y la normalización lingüística. El primero está pensado a la medida de Andalucía porque es la comunidad que más ha avanzado en la aplicación de la ley de dependencia. El pasado 1 de diciembre, un cuarto del total de dependientes con prestación de toda España eran andaluces (114.775) frente a las escuálidas cifras de comunidades equiparables en población como Cataluña (69.092) y sobre todo Madrid (19.996).
Pero estas dos seguirán siendo beneficiadas en este bloque a cuenta de la compensación por los inmigrantes: la población extranjera en Cataluña a 1 de enero de 2008 es de 1.097.966 personas y en Madrid, 991.259. Andalucía se sitúa en la cuarta posición, después de Valencia, con 615.787 extranjeros. De cómo se computen las políticas de integración al inmigrante dependerá la tajada por un concepto cuya filosofía nunca ha compartido la Junta: "Inmigración es población", ha dicho siempre.
Población. Pendientes de cómo se aplica la ponderación por edades.
Y la población es la base del modelo, que se revisará anualmente para evitar el desajuste actual. Se tendrá en cuenta por bloques de edad de forma distinta según las políticas de las que se trate. Ése es uno de los grandes logros de la Junta. La clave está en que si los andaluces suponían en 2006 el 19,07% de la población española, los que tenían menos de cuatro años pesaban más en el conjunto (20,63%) y también los jóvenes de hasta 18 años (21,83%).
Y hay servicios que generan más gasto a esas edades, como la salud en el caso de los niños y la educación en el de los jóvenes. Con datos de 2006, esta última ponderación beneficia exclusivamente a Andalucía. Afecta a Valencia o Canarias, pero de forma muy poco significativa. Pero el documento no aclara cómo se aplicará esta novedad: "Las ponderaciones concretas de esas variables se acordarán con las comunidades", se limita a decir. Superficie, insularidad y dispersión también se tendrán en cuenta.
Autonomía fiscal. Sin cerrar el margen para subir y bajar impuestos.
El Gobierno hace propia la propuesta, catalana y andaluza, de elevar al 50% la cesión del IRPF y el IVA y al 58%, los impuestos especiales. Se multiplica la capacidad tributaria de las comunidades que, pese a tener transferidas el grueso de las competencias del Estado, son muy dependientes de él para pagarlas.
Con el nuevo modelo, sólo un 10% de todos los recursos en circulación provendrán de impuestos en manos del Gobierno central. Lo que está por definir es hasta dónde va a dar margen a los ejecutivos autonómicos, es decir, qué porcentaje del tipo del IRPF o del impuesto sobre la cerveza va a poder subir o bajar la Junta en función de sus intereses. El documento no pierde la oportunidad de recordar que las comunidades ya tienen "importantes competencias" en tributos cedidos y no las han desarrollado.
