Nueve meses. Ese es el tiempo que tendrá que esperar si su caso, pese a ser un asunto preferente, tiene que ser resuelto por uno de los juzgados de refuerzo de la Jurisdicción Social. Aún no llevan ni dos años funcionando, uno de ellos lo hará en abril, pero ya están incluso más desbordados que los propios órganos que resuelven los temas laborales. La Junta de Personal Laboral ya ha puesto en conocimiento de Centro de Prevención de Riesgos Labores de la Junta de Andalucía, que revisará las condiciones de trabajo de los funcionarios ante la «situación insostenible». Esta misma semana el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha anunciado que va a estudiar la posibilidad de nombrar un tercer juez de refuerzo.
La complicada situación de los juzgados de lo Social, que están ya señalando juicios para 2017, llevó a crear un Juzgado de Adscripción Territorial de refuerzo para los Juzgados de lo Social en abril de 2012. En un principio estaba previsto que cada seis meses atendiera a uno de los once, pero en abril de 2013 se creó el Juzgado de Adscripción Territorial Bis y desde entonces reciben los 20 primeros asuntos mensuales de carácter urgente de cada uno de los juzgados. «Esto hace una cifra de más de 2.600 asuntos y todos ellos de tramitación de urgencia», explica uno de los funcionarios de estos órganos de refuerzo.
La cifra es tan contundente que no necesita más. Un sólo funcionario de estos juzgados asume al año entre 600 y 720 asuntos, según los datos aportados por el propio juzgado para su remisión al Centro de Prevención, cuando el módulo de trabajo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es de 800 asuntos al año por juzgado y año. Y es que la plantilla de estos juzgados no está completa, sino que trabajan en ellos la mitad de los funcionarios que en un órgano titular, donde se reparten unos 200 asuntos por cada empleado público. «Sentimos impotencia porque por mucho que trabajemos no podemos abordar todo lo que nos llega», afirma una de las funcionarias. Sus asuntos son todos de carácter urgente como despidos, extinción de contrato de trabajo, contra la libertad sindical, vacaciones o conflictos colectivos, además de asumir los recursos presentados a sus propias resoluciones. «Desde que entra una demanda hasta que se celebra el juicio pasan nueve meses, ocho como mínimo», explica el funcionario mientras muestra las que acaba de registrar que ya están siendo señalas para finales de octubre y principio de noviembre. «Este que se celebró el juicio el 8 de enero se registró el 31 de mayo del año pasado, o este otro que entró el 31 de julio y la vista está fijada para el 9 de abril», señala.
El propio presidente del TSJA denunció esta misma semana la grave situación que atraviesan estos juzgados. Del Río explicó que la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz va a estudiar la posibilidad de nombrar un tercer juez de refuerzo para el mes de abril, lo que debería ir acompañado de un aumento de la plantilla de funcionarios tanto de los once órganos como los de refuerzo. En este sentido, pidió a la Junta de Andalucía que sea «muy sensible» con esta jurisdicción, también con la Mercantil, y dote al nuevo juez de refuerzo de funcionarios para tramitar los asuntos que lleve. «Si esto no viene acompañado de más funcionarios no dará el resultado deseado», dijo.
Asimismo, el presidente del Alto Tribunal andaluz apostó por una reorganización de la actual plantilla de empleados judiciales, de tal forma que se puedan trasladar funcionarios de órganos con menor carga de trabajo a los juzgados de lo Social, así como a los de lo Mercantil y Penal. La idea de Del Río es que, por ejemplo, funcionarios de «las secciones civiles de la Audiencia Provincial o de los juzgados de lo Contencioso Administrativo, por ejemplo». Así apostó por una mayor «flexibilidad» que elimine la «rigidez» actual de las plantillas.
Pero además de contar con menos personal, los medios materiales no acompañan. «La oficina carece del espacio mínimo exigible por trabajador y para atender al público que acude a realizar cualquier trámite», recoge la denuncia que la Junta de Personal ha remitido al Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Economía. Esta misma semana, la presidenta de la Junta, Águila Fernández del sindicato CSIF, ha vuelto a recordar la situación porque, aunque recibieron un escrito en el que se indicaba que se examinaría la situación «a día de hoy no han venido».
«Hasta hace un mes que nos han traído la fotocopiadora», aseguran los funcionarios que, hasta entonces han tenido que usar la máquina de los otros juzgados para hacer las copias de los documentos. A esto se une que, como ellos llevan asuntos de todos los juzgados, «cada vez que tienen que tramitar un asunto de un órgano diferente deben reiniciar la sesión, cambiar manualmente el nombre del juez y el secretario», explica el escrito remitido a Prevención, con la consecuente pérdida de tiempo que supone.
Pero, lo peor, es que al depender de los juzgados de lo Social, las notificaciones, escritos y correos no les llegan a ellos, sino al órgano titular. «Llevamos asuntos urgentes, con plazos muy justos, y resulta que los correos y escritos nos llegan a los juzgados, que encima están en otro edificio. El agente judicial tiene que estar trasladándose a por ellos, pero los días que tenemos juicios es imposible», explica un funcionario, que se lamenta que esta situación hace que en muchos casos «no lleguemos a tiempo». «Se supone que tenemos que tratar todo por vía de urgencia, pero no tenemos más que inconvenientes que nos lo impide», añade.
Por ello, la Junta de Personal propone a la Consejería de Justicia «la creación de cuatro juzgados de lo Social» y que mientras tanto prorrogue estos dos juzgados e «incremente» la plantilla de cada uno de ellos con cuatro funcionarios. El decano de los jueces, Francisco Guerrero, pide en su memoria anual once juzgados más.
