R. Velis / A.Á. Yhamá
La ofensiva de la Fiscalía de Medio Ambiente contra las edificaciones ilegales empieza a dar frutos. Tras años con pocas posibilidades de actuación por falta de medios, en los últimos años se han disparado las investigaciones urbanísticas, que desde 2006 ya son más de 900. Las órdenes de derribo también empiezan a acumularse: ya se ha ordenado una treintena de demoliciones.
Estas órdenes tienen ya sentencia firme y desde la Fiscalía se recuerda que lo que establece la ley penal es que los debe costear el condenado como infractor que es y no la Administración con fondos que son de todos, aunque se reconoce que la Junta de Andalucía ha colaborado en alguna ocasión. Sin embargo, la opinión del fiscal, Javier Rufino, en este sentido es que "no parece justo" que el resto de ciudadanos, incluidos los empresarios, que sí cumplen con sus obligaciones y piden licencias para asegurarse de que pueden edificar, se vean después obligados a pagar los gastos de urbanización del que construyó descontroladamente .
Pese a lo llamativo de los datos, la Fiscalía señala que son minoría los delitos de este tipo que afectan a espacios de especial protección como el parque natural de la Sierra Norte, ya que los controles son mayores en estos sitios y la frecuencia con que se cometen muy inferior con respecto a lo que sucede en el resto del suelo rústico, donde "el abuso es francamente escandaloso", en palabras del propio Rufino.
En cualquier caso se trata de un fenómeno extendido por prácticamente toda la provincia, aunque los municipios más castigados por parte de particulares y parceladores ilegales son Arahal, Utrera, Alcalá de Guadaíra, La Rinconada y Castilblanco de los Arroyos, informan desde la Fiscalía.
Esto no quiere decir, no obstante, que en todos los casos haya existido pasividad municipal, ya que a veces es justamente lo contrario y estos procedimientos se abren precisamente a a raíz de las denuncias de los propios consistorios. De este modo, desde la Fiscalía explican que es la persecución de los delitos urbanísticos, y no su existencia, la que se ha incrementado "espectacularmente" en los últimos años, pues aunque desde 1995 existe esta modalidad delictiva en el Código Penal, faltaban medios y rodaje para ser eficaces, según denuncian. En este sentido, Javier Rufino considera que ha sido "decisiva" la especialización de los fiscales de medio ambiente y urbanismo, así como el grado de preparación de las fuerzas policiales.
Sólo desde la Fiscalía, se han llevado a cabo en la provincia de Sevilla en los tres últimos años más de 600 investigaciones para este tipo de delitos, que, según afirma el titular, "no son los más sencillos de investigar" porque es necesario reunir información de muchas instituciones y organismos públicos.
Y este ritmo continúa, porque a falta de hacer público la memoria anual de la Fiscalía, ya adelantan que el número de investigaciones urbanísticas continúa aumentando, lo que se suma a la "ya considerable" cantidad de procedimientos judiciales que todavía se siguen en los juzgados. Son procesos, además, que llevan tiempo porque son tramitaciones notablemente más complicadas que para la mayoría de delitos que normalmente se instruyen y se juzgan.
Lo que sí es cierto es que frente a una cierta impunidad en tiempos pasados y que hoy se refleja en casos tan conocidos como el de Los Lagos del Serrano en Guillena, o Las Minas de Castilblanco de los Arroyos, actualmente la ofensiva de la Fiscalía en colaboración de las administraciones locales y autonómica está dando sus frutos. De hecho, la ejecución de las primeras órdenes de derribo ha puesto en pie de guerra a los propietarios, alertados por un problema que en zonas como la Sierra Norte o la Campiña conocen bien. Y es que en Castilblanco desde los años 60 se ha ido creando un pueblo paralelo, con los chalés levantados en las 1.200 parcelaciones ilegales que componen la urbanización Las Minas y que se extienden en una superficie mayor incluso que el propio núcleo principal.
Manos a la obra para buscar una solución se ha puesto el alcalde, Segundo Benítez (PSOE), que en colaboración con la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, trabaja en una fórmula para regularizar al menos una parte de los chalés, incluyéndolos en su futuro plan general de ordenación urbana (PGOU). Por un lado, asevera el regidor, "hay que dejar claro al vecino que se acabaron las construcciones ilegales en este pueblo", pero, por otro "hay que dar una solución a las existentes". Con este mismo objetivo, ha iniciado el Ayuntamiento de Arahal, donde los propietarios cifran en 5.000 las parcelaciones ilegales, la elaboración de un inventario y un plan de inspección municipal que aborde una problemática que mantiene en vilo a los afectados, tras las últimas sentencias con peticiones incluso de cárcel por no ejecutar derribos.
