La Ley de la Memoria Histórica, aprobada en el Congreso en la recta final de la pasada legislatura, otorga a los ayuntamientos la responsabilidad de retirar de sus calles y plazas todas las referencias alusivas al franquismo y a la dictadura. El grupo municipal de Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, presentará una moción en el próximo pleno para formalizar la eliminación de los símbolos y consensuar qué calles y avenidas deben ser renombradas en virtud de la ley. Se creará una comisión que estudiará un censo de 64 calles, plazas y avenidas, elaborado por expertos e historiadores y se procederá a renombrarlas, bien recuperando su nombre original o tomando nuevas denominaciones. El debate planteado por Izquierda Unida no sólo es justo y oportuno, sino obligatorio. El Ayuntamiento cumple así con la obligación que por ley tienen los consistorios de erradicar las referencias a una época indigna para este país. El Gobierno local, al que asiste la ley y la razón, no debe sin embargo afrontar este debate sin consenso ni diálogo. Es necesario explicar a los vecinos el por qué de la retirada y la motivación del nuevo nombre que tomarán las calles en las que residen, algo que acarreará no pocos problemas burocráticos. El último precedente de intentar sustituir la Plaza de la Alianza por Indalecio Prieto no es el mejor aval para una iniciativa que, a buen seguro contará con defensores del nomenclátor, asentado ya en la vida diaria de la ciudad. Pero resulta sonrojante que aún existan nombres en las calles de Sevilla vinculados directamente a criminales de guerra. Hoy, toda la ciudad se refiere al puente de Los Remedios cuando hace tan solo unos años seguía llamándose del Generalísimo. Ése mismo proceso debe reproducirse ahora, sin tensiones, pero sin excesos gratuitos. Tan sólo con la ley en una mano y la razón y la dignidad en la otra.
