La aprobación por 316 votos de la segunda reforma de calado de la Constitución española de 1978, puesta siempre como ejemplo de consenso nacional, dejó ayer por escrito en las actas del Congreso y para la historia el desacuerdo y malestar existentes entre las fuerzas políticas. El Partido Socialista y el Partido Popular no consiguieron convencer a nadie de la necesidad "urgente" de cambiar la Carta Magna para salvar a España del ataque de los mercados constitucionalizando la estabilidad financiera para limitar el techo de gasto .
Ni siquiera el intento a la desesperada de sumar al acuerdo a los nacionalistas catalanes de CiU surtió efecto. De neutralizarlo se encargó el diputado de IU Gaspar Llamazares, que vetó las transaccionales de última hora.
Socialistas y populares propusieron a los convergentes que los parlamentos autonómicos pudieran solicitar directamente al Congreso autorización para superar el límite de déficit en "casos excepcionales, como en catástrofes naturales". Hasta ahora, la reforma del artículo 135 de la Constitución reservaba esta opción sólo al Gobierno.
La aprobación pues en el Pleno del Congreso de la reforma de la Carta Magna da paso a su tramitación en el Senado. El principio de estabilidad presupuestaria contó con los votos a favor de PSOE y PP, a los que únicamente se sumaron los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Frente a los 316 síes los cinco noes de Coalición Canaria, UPyD y dos diputados del grupo socialista: el ex sindicalista de CCOO Antonio Gutiérrez y el balear José Manuel Bar Cendón, que se equivocó a la hora de pulsar el botón de la votación.
Los diputados del PNV se negaron a participar en las votaciones, al igual que el diputado de IU, Gaspar Llamazares, aunque se mantuvieron en sus escaños. Por contra, los representantes de ERC, BNG, ICV y Nafarroa Bai, acompañados de algunos de sus senadores, optaron por abandonar el Salón de Plenos.
Tampoco asistieron a la sesión plenaria los tres diputados de Izquierda Socialista Manuel de la Rocha, Juan Antonio Barrio y José Antonio Pérez Tapias, que por disciplina de grupo votaron el martes a favor de la toma en consideración de la reforma.
Los dos partidos mayoritarios estuvieron toda la mañana buscando a CiU para tratar de que al menos se abstuvieran. Ofrecieron a los nacionalistas hasta cinco enmiendas transaccionales y, antes de la votación, el presidente del Congreso interrumpió la sesión cinco minutos que se convirtieron en media hora para dar tiempo a esas negociaciones improvisadas.
Negociadores del PSOE y del PP corrían por los pasillos del hemiciclo enseñando papeles al portavoz nacionalista, Josep Antoni Duran i Lleida, que se mantenía sentado en su escaño viendo cómo subían y bajaban los representantes de los dos grupos mayoritarios y negando con la cabeza cuando le enseñaban algún escrito.
Al final, CiU aceptó dos de esos textos de última hora para modificar puntualmente unos párrafos de la reforma pero no pudieron votarse porque, para ello, exigían la unanimidad de la Cámara y el diputado de IU, Gaspar Llamazares, se opuso. Luego se ganó los abucheos de diputados del PSOE y el PP al intentar salir del hemiciclo y no participar en la votación final.
"Se trata, aunque se pierda, de mantener la dignidad del Parlamento, burlado por un tramite fraudulento, y la de parlamentario, que no es una oveja", se justificó después, recordando que la Mesa del Congreso había vetado las enmiendas de las minorías presentadas en plazo. Los nacionalistas de CiU decidieron no participar en la votación final de la reforma, aunque sí habían participado en el resto, entre otras cosas apoyando la idea de ERC de otorgar a Cataluña el régimen de concierto económico.
