El último director general de Empleo de la Junta de Andalucía, Daniel Rivera, que se mantuvo en su cargo hasta el pasado mes de junio, ha comparecido hoy ante la comisión de investigación de los ERE en el Parlamento y tampoco ha respondido a las preguntas de los grupos políticos. El PP le ha reprochado que a pesar de haber sido alto cargo "hasta antes de ayer" se niegue a colaborar con la investigación abierta en la Cámara andaluza.
Rivera, imputado por la jueza Mercedes Alaya por supuestamente haber pagado algunas de las pólizas a pesar de conocer que eran irregulares y sobre quien la Guardia Civil sostiene que "sacó documentación comprometida" de los expedientes, ha asegurado que su "responsabilidad política" reside en que ejerció "una confianza en personas subordinadas mías que quebraron esa confianza".
El único alto cargo directamente nombrado por un Gobierno de José Antonio Griñán que está implicado en la trama llegó a la Consejería de Empleo con Manuel Recio en 2010. Ha defendido que no es "merecedor de esta situación" y ha sostenido que fue él quien "mejoró los procedimientos" para evitar las irregularidades administrativas y el descontrol en la fiscalización de los fondos públicos. Igualmente ha asegurado que colaboró en todo momento con la Justicia. "No hay ni un solo intruso o prejubilado en el que se den discordancias administrativas que no haya sido descubierto por parte de mi Dirección General y mi Consejería", ha dicho.
"Fui el primero en denunciar ante el juzgado las posibles irregularidades cometidas", apostilló. Para despedirse recordó que hay "alcaldes condenados que siguen ejerciendo de alcaldes en un pueblo de Málaga", señaló en relación al regidor del PP en Alhaurín de la Torre.
Durante el interrogatorio al que fue sometido por parte del PP, el exdirector general de Trabajo dijo estar "alucinado" por las acusaciones vertidas aunque evitó dar explicaciones que pudieran aclarar su papel en la supuesta trama.
El diputado popular Rafael Carmona exigió que explicara cuál considera que es su "responsabilidad política" -el propio Rivera declaró ante la jueza Alaya no tener responsabilidad penal sino política-y por qué supuestamente siguió abonando ayudas fuera de los procedimientos legales.
Desde IU, Alba Doblas insistió en preguntarle por qué siguió ordenando pagos de ayudas autorizadas en la etapa anterior a su llegada y le reclamó que contara lo ocurrido el fin de semana del 20 y 21 de noviembre de 2011, cuando supuestamente reunió a su equipo en la Consejería para revisar todos los expedientes. "¿Trató usted de tapar las irregularidades?", le inquirió. Rivera no contestó.
