Justicia ya tiene configurado el nuevo Servicio Común de Ejecutorias que se estrenará en Sevilla y en el que trabajarán 70 funcionarios, todos ellos procedentes de los juzgados de lo Penal, que se quedarán con 39 empleados. Su tarea será controlar que las sentencias de estos juzgados se cumplan.
El caso Mari Luz puso en evidencia el mal funcionamiento y la falta de medios de la Justicia. Su presunto asesino, Santiago del Valle, no había cumplido una condena de dos años y nueve meses de prisión por haber abusado de su propia hija porque la sentencia no había sido ejecutada por el Juzgado de lo Penal número 1, cuyo titular, Rafael Tirado, fue sancionado con 1.500 euros y la secretaria fue suspendida de empleo y sueldo seis meses.
Ante la falta de juzgados especializados en ejecutorias, como ocurre en ciudades como Madrid, la Consejería de Justicia anunció la creación de un Servicio Común de Ejecuciones que entraría en funcionamiento en el edificio puente de la Buhaira.
La Junta de Andalucía ya tiene configurado este nuevo servicio, que está a la espera de contar con todo el material y la instalación para iniciar su andadura en Sevilla. De momento, la Consejería de Justicia no da fecha exacta, pero fuentes sindicales apuntan a febrero de 2010.
En este servicio, que tras Sevilla se extenderá al resto de Andalucía, contará con siete secretarios judiciales y con 70 funcionarios procedentes de los juzgados de lo Penal, aunque cinco de ellos se destinarán al Servicio Común de Embargos y Notificaciones. La oficina estará dirigida por un secretario judicial del que dependerán otros secretarios encargados de controlar las distintas secciones del trabajo previstas para resolver la tramitación de las ejecutorias penales.
Los funcionarios destinados al Servicio Común de Ejecutorias procederán de cada uno de los 13 juzgados de lo Penal y del juzgado número 14, cuya creación está prevista para diciembre.
La reorganización de la plantilla actual tiene por objetivo una “mayor racionalización y especialización”, según fuentes de la consejería, ya que se van a constituir equipos especializados, como, por ejemplo, para los delitos de tráfico que están colapsando estos juzgados.
Actualmente, cada juzgado cuenta con un juez, un secretario y ocho funcionarios –dos gestores, cuatro tramitadores y dos efectivos de auxilio–. El Servicio Común tiene como finalidad “optimizar el trabajo de estos órganos”, y para ello cinco de los funcionarios de cada juzgado de lo Penal irán destinados a la nueva oficina, junto con la mitad de los secretarios de los órganos de esta jurisdicción.
