España se opone frontalmente al establecimiento de un supervisor financiero único para toda la UE, aunque sí está a favor de armonizar las normas regulatorias y de poner en marcha un nuevo órgano para vigilar la estabilidad del sistema financiero, que emitiría alertas en caso de riesgo.
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, resumió así la posición española en el debate sobre el futuro del modelo de supervisión comunitario mantenido por los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin), reunidos en sesión informal en Praga.
Los Veintisiete discutieron hoy por primera vez las propuestas del grupo de expertos liderado por el ex director-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Jacques de Larosière para avanzar hacia un sistema de supervisión más integrado.
Los expertos plantean, además del dispositivo de vigilancia de riesgos sistémicos, apoyado en la estructura del Banco Central Europeo (BCE), la creación de tres nuevas autoridades europeas para la supervisión del sector bancario, asegurador y bursátil.
La vigilancia de la actividad diaria de las entidades seguiría siendo competencia de los supervisores nacionales -aunque también se crearían colegios de supervisores para los principales grupos transfronterizos-, pero las tres nuevas autoridades se encargarían de mediar en caso de desacuerdo y sus decisiones serían vinculantes.
El vicepresidente segundo y ministro de Economía español valoró el enfoque del informe De Larosière, que calificó de "muy pragmático".
Pero dejó claro que en ningún caso debe interpretarse como un paso intermedio hacia la creación de un sistema unificado de supervisión en Europa.
La delegación española argumentó que mientras sigan siendo las autoridades nacionales las que carguen con el coste de hipotéticas quiebras bancarias las responsabilidades en materia de supervisión deben mantenerse en manos nacionales.
España sí apoya la creación de tres nuevas autoridades, con poder efectivo para hacer cumplir sus decisiones, pero insiste en que los supervisores nacionales deben conservar el grueso de sus competencias.
Esas autoridades deben tener capacidad para establecer orientaciones comunes en materia de supervisión, vinculantes para los Estados miembros, algo que resultaría muy útil para avanzar hacia la convergencia regulatoria, explicó Solbes.
El único caso en el que España admite la supervisión a nivel comunitario es para las entidades cuya actividad es realmente trasnacional, como las agencias de calificación de riesgos, agregó el vicepresidente.
En cuanto a la creación de un Consejo europeo para prevenir riesgos sistémicos, España está de acuerdo en partir de la estructura del BCE, aunque "hay otras posibilidades", y también propone una presidencia rotatoria entre los gobernadores de los bancos centrales de los Veintisiete, para garantizar a los países de fuera de la zona del euro una representación adecuada.
El informe de De Larosière proponía cambios graduales para implantar el nuevo modelo de supervisión en 2012, pero la Comisión Europea cree que sería conveniente adelantarlo a 2010 y, con ese objetivo, presentará varias iniciativas legislativas el próximo otoño.
Solbes también consideró que hay que resolver estas cuestiones "cuanto antes" y confió en que algunos cambios estén ya en vigor en 2010.
