Fuentes judiciales expresaron sus dudas de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha anulado algunos contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) pueda ser recurrida al Tribunal Supremo, ya que se trata de una norma autonómica.
La sentencia resuelve sobre disposiciones autonómicas, para las que la última instancia es el TSJA, según el nuevo Estatuto. La Abogacía del Estado en Andalucía ha remitido el tema a sus servicios centrales en Madrid para que valoren el recurso al Supremo y la Fiscalía de Sevilla estaba ayer estudiándolo. La duda se refiere a si los contenidos de EpC anulados en Andalucía son técnicamente una norma autonómica, ya que se limitan a reproducir los decretos nacionales que desarrollaron la asignatura.
El TSJA anuló el miércoles los contenidos de Ciudadanía en Andalucía que abordaban cuestiones como la ideología de género, la homosexualidad y las opciones vitales, que cree una "ilícita invasión" en la ética, el derecho y la moral.
La posible colisión de los decretos andaluces con la legislación nacional ha hecho que la propia sentencia haya decidido plantear una cuestión de ilegalidad al Supremo para que resuelva sobre los Reales Decretos nacionales que definieron los contenidos de la asignatura. Si no fuera posible el recurso, la Junta tendría que eliminar los contenidos anulados, pero existe la paradoja de que la normativa estatal no está anulada. El plazo para recurrir expira el 15. Los padres demandantes y el PP insistieron ayer en reclamar a la Junta que no recurra y pacte los contenidos de Ciudadanía.
Para aumentar el desconcierto, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra rechazó ayer suspender cautelarmente la obligatoriedad de cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
