Alejo Pozo perdió hace diez años la custodia de sus dos hijos pequeños, gemelos, nada más nacer. La Consejería de Igualdad y Bienestar Social se los retiraron a él y a su pareja, que dos meses y medio después fallecía, en 1999 en el mismo hospital en el que nacieron y no los volvió a ver hasta siete años después, cuando, tras 13 resoluciones favorables fue fijado un régimen de visitas ante la imposibilidad de recuperarlos.
Por eso, ahora reclama 1,5 millones de euros como indemnización, en dos procesos distintos, aunque por ahora sólo le han sido otorgados 60.000 euros.
Los pequeños, Ignacio y Azucena, nacieron con el síndrome de abstinencia -motivo habitual de desamparo y del que los hospitales están obligados a informar por protocolo- porque su madre era drogadicta. Alejo, un albañil de 64 años, explicó que su mujer amenazó con quitarse la vida tras retirarle a los menores y "dos meses y medio después la encontré muerta en casa con un bote de pastillas al lado".
Tras la muerte de su pareja, a la que "sólo le recomendaron que abortara porque no iba a ser capaz de criar a los niños", Alejo recibió una llamada de la Junta para que entregara a su otra hija, Alejandra, que en la actualidad tiene once años.
Él ya había perdido la custodia de su hija mayor, de la que no sabe nada, y "no estaba dispuesto a perder mi única alegría". Finalmente, y tras contratar a un abogado, logró mantenerla con él y "ha podido conocer a sus hermanos", por los que le preguntaba desde que nacieron "cuándo iba a verlos".
Alejo tiene a su favor 13 resoluciones, una de ellas del Consejo Consultivo de Andalucía, siendo la primera de julio de 2002, tres años después de la retirada. Ninguna de ellas se llegó a ejecutar, lo que provocó la imposibilidad de que los menores volvieran con su padre, permaneciendo con la familia adoptiva.
"La situación actual de alejamiento entre el padre biológico y sus hijos se originó por una actuación inadecuada de la Junta", dice una de las resoluciones, generada "por su apresurado e inadecuado actuar", a lo que añade que "el daño ya se ha ocasionado al padre, ahora debemos velar por que no se cause un daño innecesario a los niños".
En este mismo sentido se pronunció el abogado de Alejo, Gabriel Velamazán, quien calificó de "celeridad extrema" la de la Junta con este caso y criticó que "no se tuviera en cuenta la familia extensa antes de darlos en adopción". Velamazán, que también defendió a Carmen Fernández, dijo que este caso es "peor" que el de este madre, que fue indemnizada con 1,7 millones de euros, aunque ella falleció antes.
El abogado emprendió un proceso contencioso-administrativo contra la Junta, en el que reclamaba 700.000 euros como indemnización, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la rebajó a 60.000 euros, de ahí que haya recurrido al Tribunal Supremo. Además, ha iniciado otro proceso administrativo en el que pide 800.000 euros para Alejo y su hija Alejandra por las secuelas. "El dinero no paga este sufrimiento, así no se trata ni a un perro", sentenció Alejo.
