El Ejecutivo de Griñán dará hoy el pistoletazo de salida al anteproyecto del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2011, en un contexto de gran incertidumbre, cuando organismos internacionales como el FMI o la Comisión Europea acaban de poner en entredicho las previsiones económicas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y justo cuando el Banco de España ha puesto su dedo acusador sobre las comunidades autónomas y su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha dicho que las culpables de que en el extranjero no se crean que España está apretándose el cinturón son las autonomías.
Además la lacra del desempleo atenaza las perspectivas de despegue económico. El Gobierno lo ha dicho claro, aún queda mucho para que el paro comience a retroceder, y de hecho el Ministerio de Economía ha aumentado para España la previsión de paro en 2011.
Hay una cosa clara: no hay dinero. La hucha lleva dos años vaciándose y ahora tiene telarañas. Han seguido cayendo los ingresos, tanto los que llegan desde el Estado como los que se inyectan a través de los impuestos (y eso a pesar de la subida del IVA en el segundo semestre del año). Y encima la opción de acudir al endeudamiento para conseguir más recursos se ha restringido enormemente debido al compromiso adquirido con la Unión Europea de reducir el déficit español. Este año las comunidades se han comprometido a no incurrir en un endeudamiento por encima del 1,3% del PIB. En 2010 la Junta decidió disparar su deuda y se empeñó en 4.035 millones de euros, agotando el déficit legal impuesto entonces en el 2,75% del PIB. Ese balón de oxígeno ya no existe y eso que el Gobierno andaluz ha pedido insistentemente, sin éxito, que se abriera más la mano a las comunidades que tuvieran una deuda menor. Andalucía está en ese pelotón.
El Gobierno andaluz presentó para 2010 unas cuentas que ascendían a 33.738 millones de euros y por vez primera tenían un comportamiento negativo (decrecían un 0,1%). Meses después, estos números menguaron mucho más. En junio, el presidente de la Junta aprovechó el Debate sobre el Estado de la Comunidad para oficializar en el Parlamento el plan de recortes impuesto por Bruselas. La Junta eliminó de sus cuentas 1.583,5 millones y señaló el camino por el que iba a transitar para cumplir con el compromiso de apretarse el cinturón: control de gastos, más impuestos y un tijeretazo a un voluminoso sector público empresarial.
No hay más margen. Esa es la senda por la que deben discurrir las cuentas que hoy llegan a San Telmo. Economía de guerra, describen gráficamente en las consejerías. Caída de la inversión que se traduce en reprogramación de la obra pública y retrasos en las principales infraestructuras de la comunidad. Y de nuevo la Junta acudirá a pedir auxilio al sector privado bajo la fórmula de la cofinanciación. Anunciada, firmada con la patronal pero todavía en el aire para grandes proyectos.
El Gobierno andaluz estimó que su reforma fiscal le permitiría ingresar 411 millones adicionales. Estrenará este año una subida del IRPF para las rentas más altas (a partir de 80.000 euros), un impuesto para los depósitos de bancos y cajas y un canon de diez céntimos por cada bolsa de plástico. Seguirá aplicando el céntimo sanitario sobre la gasolina.
El Ejecutivo de Griñán avanzó, en un documento remitido al Ministerio de Economía, que hizo público el PP, ajustes en el gasto social de 1.367 millones de euros para 2010 y 2011 y el aplazamiento de 1.200 millones en infraestructuras. Proponía retrasar programas educativos como el del bilingüismo o la contratación de nuevos profesores. La Junta lo negó y aseguró que la educación será una partida intocable. Igual que las políticas de empleo.
Hacienda descarta, de momento, acudir como Cataluña a la emisión de bonos que tratan de captar el ahorro de los ciudadanos y sirven para financiar su deuda. Pero sí seguirá buscando vías para ganar recursos: tiene patrimonio en venta.
